La Audiencia archiva la denuncia de la CUP contra la intervención policial en su sede en 2017

La Audiencia Provincial de Barcelona ha archivado definitivamente la denuncia por coacciones que la CUP interpuso a raíz de la intervención policial en su sede el pasado 20 de septiembre de 2017. Ese mismo día tuvo lugar el asedio a la Consejería de Economía de la Generalitat, por el que fueron juzgados y condenados Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium). El tribunal considera que la actuación de la Policía Nacional en las oficinas de los cupaires "fue proporcional a la sucesión de acontecimientos"

Los antisistema calificó de "acoso" esa actuación y basó su denuncia en el hecho de que la Policía Nacional intentara acceder a sus dependencias de la calle Casp de Barcelona sin orden judicial. Los agentes requisaron material y propaganda electoral. Los hechos fueron investigados en el Juzgado de Instrucción número 9, que archivó la causa al entender que la Policía había actuado siguiendo órdenes de la Fiscalía. Por ello, la CUP presentó un recurso ante la Sección décima de la Audiencia, que lo admitió a trámite y ordenó una investigación.

Encomienda constitucional

Tres años más tarde, el tribunal ha decidido archivar definitivamente el caso, alegando que la actuación policial fue justificada. Según el tribunal, “el cumplimiento de la encomienda constitucional comporta que, en ocasiones, y siempre con sujeción a sus normas legales de funcionamiento y desempeño (artículo 104.2 CE), sea obligada la utilización de la coacción y la fuerza en la actuación policial, lo que puede conducir a consecuencias abarcadas en determinados tipos penales".

Pero “en el análisis al caso concreto que hemos realizado, con apoyo en las diligencias de instrucción practicadas, hemos concluido que el daño creado, dificultad en el desarrollo de actividad ordinaria del partido, fue proporcional a la sucesión de acontecimientos. Pues en un primer momento actuaron unos ocho agentes, y luego se produjo, en paralelo, incremento de fuerza policial y de personas en la calle”. En este contexto “no apreciamos desproporción entre los inconvenientes generados, el mal causado y la actividad policial, que se limitó a una actitud de espera y de retirada de la puerta de la sede del partido político”.

Vulneración de derechos

La CUP ha expresado su indignación en un comunicado, donde asegura que la operación y despliegue policial del 20 de septiembre de 2017, tanto en la sede nacional de la CUP como al Departamento de Economía y Finanzas, "supuso una clara vulneración de los derechos civiles y políticos, a través de detenciones, registros y asedios policiales con el fin de ejercer la represión y evitar la celebración del referéndum de autodeterminación de Cataluña".

Los antisistema considera que ese "supuso una victoria para la gente que puso el cuerpo y la inteligencia colectiva y que se vio fuerte y capaz de llevar a cabo el ejercicio del derecho a la autodeterminación haciendo frente a la altísima represión policial", por lo que el archivo de la causa "sin la celebración de un juicio constituye una muestra más de que el aparato represivo del Estado español conformado por todos sus actores policiales y judiciales se encuentra plenamente posicionado en el combate político para impedir el ejercicio del derecho a la autodeterminación".

La CUP cree "intolerable" que la justicia archive el caso y no considere "coacción" el hecho de que "una patrulla de la Policía Nacional apareciera frente al local del partido político CUP mientras se realizaban tareas de distribución de carteles de la campaña del referéndum, interceptara algunos paquetes, identificara a trabajadores, probara de acceder al local sin orden judicial y, finalmente, desplegara un dispostitvo policial de un centenar de agentes antidisturbios durante casi ocho horas sin explicación".