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Damià Calvet (2i), el consejero de Territorio que gestiona la liquidación de ATLL por parte del Gobierno catalán / EFE

El Govern, forzado a dar explicaciones por ATLL en el Parlament

El Ejecutivo de Quim Torra y los altos cargos de la época Artur Mas deberán explicar la fallida adjudicación de la concesionaria de aguas a petición de todos los partidos

19.11.2018 07:55 h.
6 min

El Govern deberá dar explicaciones por el caso ATLL. El Ejecutivo autonómico que comanda Quim Torra deberá explicar la fallida concesión de la gestión de la empresa pública de abastecimiento de agua, que anuló el Tribunal Supremo en febrero de este año,. Lo hará el equipo del president y altos cargos de los antiguos gobiernos regionales por petición de Ciudadanos y Catalunya en Comú-Podem, una demanda a la que se añadirán, salvo sorpresa, PSC, PP y la CUP, esto es, la oposición en bloque.

Según ha avanzado Expansión, hay en el hemiciclo autonómico varias peticiones de comparecencias, además del embrión de petición de comisión de investigación que pergeñan el partido naranja y los comunes. El grupo parlamentario que comanda Inés Arrimadas, a la sazón jefa de la oposición en Cataluña, registró el escrito a principios de verano, cuatro meses después de que el Alto Tribunal anulara la concesión de la sociedad pública a Acciona, que recaló en los tribunales en 2013. No obstante, la parálisis parlamentaria ha impedido que la petición de Cs haya sido elevada al pleno de la cámara catalana, que debe avalarla.

Oposición en bloque

Los comunes habrían decidido ahora respaldar la petición de la formación naranja. Se espera también en voto favorable del PSC, así como el del PP. Los votos decisivos para que el Govern y altos cargos de los Ejecutivos autonómicos anteriores comandados por Artur Mas den explicaciones serán los de la CUP. Los antisistema deben abstenerse o votar a favor para que el Ejecutivo autonómico y el equipo de exconsellers que estaban a las órdenes de Mas comparezcan en la fallida licitación, que puede costar hasta 1.000 millones a las arcas públicas.

Imagen de una infraestructura de potabilización de agua de ATLL / EFE

Imagen de una infraestructura de potabilización de agua de ATLL / EFE

Los anticapitalistas creen que "es esencial clarificar los hechos y detectar qué irregularidades se cometieron", según su diputada, Maria Sirvent, que pone como condiciones "no convertir la comisión en un espectáculo o un ejercicio de propaganda". Por su parte, Marina Bravo, diputada de Ciudadanos, razona que "si ahora mismo hay una comisión de investigación de la plataforma Castor, sobre la que el Govern no tiene competencias, con ATLL está más que justificada, ya que depende al cien por cien de la Generalitat de Cataluña". Por su parte, David Cid (ICV) subraya que "hay que clarificar por qué la Generalitat externalizó la gestión del agua y cuáles son las irregularidades que se cometieron, y que se han saldado con su anulación judicial".

El Govern se niega a indemnizar

Cabe recordar que pese a que Artur Mas prometió por carta a Acciona indemnizarla si el Supremo anulaba la concesión, el actual Ejecutivo se niega a sacar la chequera y, para rizar el rizo, reclama 38,4 millones de euros al grupo que comanda José Manuel Entrecanales. Ello colisiona frontalmente con los cálculos de la concesionaria, que cifra en 1.074 la cantidad que se le adeuda en concepto de la fallida licitación y su consiguiente lucro cesante. El conglomerado de infraestructuras perderá la adjudicación el próximo 1 de enero, si los tribunales no lo impiden, pues esta rama del caso también se ha judicializado. 

Habida cuenta del embrollo político-judicial, la oposición ya ha pedido en bloque la comparecencia de los consejeros Pere Aragonès, el vicepresidente de Economía del Govern, y de Damià Calvet, titular de Territorio. Fue en la comisión de Medio Ambiente la pasada semana. El objetivo de la petición de todos los partidos salvo Junts per Catalunya y ERC es verificar cuánto costará liquidar la concesión. El mismo órgano parlamentario pedirá que den explicaciones el propio expresident del Govern, Artur Mas, amén del resto de exconsellers que participaron en la chapucera concesión: Andreu Mas-Colell, extitular de Economía, y Lluís Recoder y Santi Vila, que comandaron los departamentos de Territorio. Asimismo, Elsa Artadi, actual consejera de Presidencia y portavoz del Govern, también podría tener que dar la cara, pues en el momento de la privatización era asesora del Departamento de Economía.

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