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Los operarios municipales de Barcelona instalan bolardos en Las Ramblas / CD

La asociación de víctimas plantea pedir la imputación de Colau por el 17A

Denuncian que no colocó bolardos en las Ramblas como había recomendado el Ministerio del Interior

17.08.2018 12:25 h.
2 min

La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) estudia pedir la imputación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por el 17A. El presidente de la plataforma, José Vargas, ha anunciado que plantean denunciar que la líder de Barcelona en Comú no colocó bolardos en las Ramblas pese a las recomendaciones del Ministerio del Interior ante un posible atentado.

En declaraciones a Ok diario, Vargas asegura que las “autoridades españolas y los Mossos d’Esquadra recibieron una alerta de que existía un serio riesgo de atentado yihadista, concretamente en las Ramblas de Barcelona, pero la alcaldesa se negó afirmando que Barcelona es una ciudad segura”. Es por este motivo que consideran que “es hora de exigir responsabilidades penales a Colau”.

“Salvar vidas”

Tanto la ACVOT como el sindicato de funcionarios CSIF creen que de haber adoptado la medida de seguridad que Interior sugería, se podrían haber “salvado muchas vidas”. Fue después del 17A que el Ayuntamiento de Barcelona colocó bolardos y otras medidas de seguridad en las principales zonas peatonales de la ciudad. Desde el CSIF consideran que esto “nos da la razón”.

Un año después del atentado que causó la muerte a 16 personas y centenares de heridos, Barcelona ha colocado menos de 100 bolardos. De hecho, después del 17A, el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, aseguró que no había bolardos porque eran los responsables de Interior que determinaban las medidas de seguridad antiterrorista que debían tener las ciudades.

La Guardia Urbana

A través de un comunicado, el CSIF ve otra de las medidas necesarias para la protección ante posibles atentados yihadistas mejorar los recursos de la Guardia Urbana. Creen que el cuerpo debería incorporar a unos 900 agentes más –de los 2.900 actuales a 3.800–, y que tendrían que llevar armas largas, taser y lanzadoras, además de recibir la formación adecuada a la situación.   

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