El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha explicado que la iniciativa de la consulta del 9N fue suya, pero que tras la prohibición del Tribunal Constitucional (TC), fueron 42.000 voluntarios quienes pilotaron un proceso de votación diferente. No obstante, ha asumido la responsabilidad "política" de esa iniciativa.
Artur Mas se sienta en el banquillo junto a la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Educación Irene Rigau, acusados de desobediencia y prevaricación por la organización de la consulta del 9N. La vista oral ha comenzado media hora más tarde de lo previsto debido al paseíllo protagonizado por los tres inculpados, que han decidido acudir a la sede judicial a pie desde el Palau de la Generalitat.
“La iniciativa fue mía como presidente de la Generalitat”, ha dicho Mas en respuesta a su abogado, Xavier Melero. Según el expresidente, adelantó elecciones en 2012 para constatar que el clamor que se vivió en la Diada de ese año tenía una plasmación en las urnas. Y, según el acusado, así fue. “Hubo una mayoría en el Parlamento catalán legítimamente constituido a favor de celebrar una consulta sobre la independencia de Cataluña”.
Negociación con el Estado
Ha recordado que se intentó negociar con el Estado una consulta acordada, pero de forma infructuosa –“hablé dos veces con el presidente del Gobierno”, ha dicho--, por lo que se llevó a cabo un proceso de participación con un formato diferente, aunque con la misma pregunta y la misma fecha. “El objetivo era el mismo, saber la opinión de la ciudadanía”, ha manifestado ante el tribunal. “Precisamente por la prohibición del Tribunal Constitucional, a instancias del Gobierno español, se suspendió la consulta y se hizo otro proceso. Si el TC no se hubiera pronunciado en ese sentido, la consulta se podía haber celebrado perfectamente, amparada por la ley catalana de consultas”.
“La consulta no fue fruto de una improvisación ni de un capricho. Fue consecuencia de amplios acuerdos parlamentarios después de unas elecciones democráticas”, ha precisado Mas. Con el cambio de formato, ha dicho, la votación no hubiera podido celebrarse sin la participación de los 42.000 voluntarios que, finalmente, asumieron la organización.
La regañina del tribunal
“Tuve que contraponer dos deberes, uno era evidente, un mandato parlamentario explícito y reiterado y un movimiento en marcha, y por otro lado un deber impreciso ante el Tribunal Constitucional. Y un gobernante debe recalibrar la importancia de las cosas y sus decisiones”, ha añadido el líder de PDECat.
Ha confesado ser conocedor de un informe del Consejo Asesor de la Transición Nacional, en el que se advertía del riesgo de celebrar esa votación, aunque afirma que llevar el caso a la vía penal “era forzar las cosas al máximo”.
Sin embargo, se ha preguntado por qué el TC no impidió finalmente realizar la votación, lo que ha sido objeto de recriminación por parte del tribunal. “Usted no hacer preguntas, solo las responde”.
