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El expresidente de la Generalitat Artur Mas a su llegada al TSJC en la última jornada del juicio del 9N / EFE

Artur Mas se equivoca: la Fiscalía sí analiza los concursos del 3%

La Fiscalía indaga desde hace meses si los empresarios pagaron por obtener información confidencial y si se alteraron puntuaciones para que las adjudicaciones quedaran “impolutas”

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“Si de verdad, de lo que se está hablando es de las adjudicaciones de obra pública, se estarían investigando. Pero todas se hicieron escrupulosa y legalmente”, asegura Artur Mas. Esa fue su principal, por no decir única, estrategia de defensa ante las nuevas revelaciones del juicio del caso Palau y de las investigaciones del 3%. Pero se equivoca, pues la Fiscalía tiene puesto el foco precisamente en la mecánica de esos concursos públicos.

Artur Mas acapara los reproches políticos por su condición de líder de un partido que se financió irregularmente mediante el cobro de comisiones por adjudicación de obra pública. Deberá dar explicaciones en el Parlamento catalán, pues así lo ha pedido toda la oposición, pero ya las ha dado mediáticamente. El argumento principal esgrimido en sus comparecencias públicas es que “no se han podido demostrar que las adjudicaciones de obra pública estuvieran mal hechas”. Sin embargo, según han podido saber Crónica Global, la Fiscalía Anticorrupción lleva tiempo analizando con lupa los procesos de convocatoria de los concursos que derivaron en la adjudicación de obra pública.

Alteraciones para dar apariencia de legalidad

Fuentes próximas a la investigación aseguran que las pesquisas se centran en las mordidas pagadas por las empresas a cambio de información confidencial sobre los requisitos. Si algo no cuadraba, los técnicos evaluadores cambiaban puntuaciones para que todo quedara “legalmente impoluto”. Buena parte de las investigaciones realizadas por la Fiscalía en Infraestructures.cat --la empresa pública antiguamente llamada GISA-- van dirigidas a averiguar hasta qué punto se obligó a los funcionarios a alterar esos concursos.

Dicho de otra manera, la adjudicación final tenía apariencia de legalidad, pero lo que se investiga es si amañó el proceso previo.

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