Archivan la causa contra Rovira (CUP), quien acusó a los Mossos de ejecutar yihadistas

El juez entiende que sus declaraciones se enmarcan en "el ejercicio de la libertad de expresión" de la concejal

maria rovira
12.03.2018 13:42 h.
3 min

Caso archivado. El juez de Instrucción 29 de Barcelona da carpetazo al procedimiento contra la concejal de la CUP Capgirem Barcelona Maria Rovira por un presunto delito de injurias contra los agentes de los Mossos d'Esquadra. En concreto, la portavoz de los antisistema en el consistorio acusó a los policías de ejecutar a los yihadistas que atentaron contra Cataluña en agosto.

Rovira se manifestó en estos términos ("ejecución extrajudicial") durante el pleno municipal del 8 de septiembre. También afirmó ese día que la Guardia Urbana de Barcelona era el "brazo ejecutor del racismo institucional" por sus actuaciones contra los manteros, por lo que posteriormente tres sindicatos policiales denunciaron los hechos: el SPC, de Mossos, y Csif y Sapol, de la Urbana.

Oposición política

Sus declaraciones se produjeron en el pleno en el que se proponía otorgar las medallas por la actuación policial tras los atentados. Y ello ha servido al juez para archivar el caso, porque las pronunció "en el ejercicio de la libertad de expresión que le marca su mandato como concejal portavoz de la CUP, para cargarse de razones en contra de la propuesta sometida a debate".

Según el juez, estas expresiones quedan fuera de las barreras de protección del derecho penal, teniendo en cuenta que la "evidente voluntad política de oponerse a las menciones honoríficas propuestas excluye la concurrencia de una clara intención de injuriar a los cuerpos y fuerzas de seguridad".

Concluye que al criticar la ejecución extrajudicial de los terroristas, Rovira no pretendía injuriar sino "oponerse políticamente a una propuesta política" como es el uso del monopolio estatal de la violencia.

Contra los sindicatos

Desde Alerta Solidària --colectivo que ejercía la defensa de Rovira-- y la CUP Capgirem Barcelona han aplaudido la decisión judicial porque "la libertad de expresión no puede ser perseguida penalmente y menos cuando se trata de la denuncia hacia unos cuerpos policiales represivos plagados de malas prácticas".

"Condenamos y queremos denunciar públicamente el uso instrumental del sistema penal por parte de los sindicatos policiales, con la intencionalidad de acallar a aquellas personas que denuncian sus malas prácticas", han defendido.

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