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Pere Aragonès, junto a miembros del Govern antes del Consell Executiu / EP

Aragonès utiliza al gabinete jurídico del Govern para su guerra contra el castellano

La Generalitat ordena a su equipo de abogados, que en breve será reestructurado, un blindaje de la inmersión lleno de lagunas, después del fondo de rescate patriótico y la defensa selectiva de Mossos

8 min

La Generalitat de Cataluña ha vuelto a poner a sus abogados al servicio de un procesismo agotado, pero que ha encontrado en el tema lingüístico una vía de activismo. Como ha hecho en otros asuntos como el conflicto entre Mossos d’Esquadra y los CDR, o los dirigentes investigados por el Tribunal de Cuentas, el Ejecutivo de Pere Aragonès recurre a un supuesto blindaje jurídico lleno de lagunas, basado en el llamado principio de indemnidad. Ese blindaje estará en manos de un equipo de juristas a punto de ser reestructurado, pues una de las grandes asignaturas pendientes del presidente republicano es culminar el proceso de creación de su propio equipo. El inminente salto de su actual director, Francesc Esteve, al Consejo de Garantías Estatutarias así se lo permite.

En su batalla por minimizar el efecto de las sentencias que obligan a introducir un 25% de horario lectivo en castellano en las escuelas, el Consell Executiu aprobó ayer un acuerdo que contempla “proteger con todos los medios a las personas que rigen los centros educativos, los docentes y el resto de personas que prestan servicios ante posibles ataques” por la defensa del catalán. Y “de acuerdo con el principio legal de indemnidad, acuerda poner los servicios de asesoramiento, representación y defensa jurídica de la Administración de la Generalitat a su servicio”.

"Por el ejercicio de sus funciones"

Asimismo, ese acuerdo “prevé exigir responsabilidades por la vía correspondiente, ya sea política, penal, administrativa o de otra naturaleza, a todas aquellas personas o entidades por los ataques a personas o colectivos por la defensa y uso del catalán o por el ejercicio de sus funciones”.

Dicho de otra manera, la Generalitat solo protegerá a los alumnos catalanohablantes, a pesar de que el propio Tribunal de Justicia de Cataluña (TSJC) exigió al consejero de Educación, Josep González-Cambray, que garantice la protección del menor de Canet de Mar (Barcelona), en la diana política y mediática porque sus padres consiguieron ante la justicia su derecho a la escolarización también en castellano.

Detrás de ese anuncio está la preocupación de profesores e inspectores educativos ante las consecuencias legales que puede conllevar el incumplimiento de las sentencias. Sin embargo, tal como ha explicado en varias ocasiones la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), las resoluciones judiciales se van aplicando, por orden precisamente del Govern, con discreción y sin la difusión mediática que la propia Generalitat le ha dado al caso de Canet.

Contradicciones

Tal como publicó este medio, la Generalitat está haciendo malabarismos para defender sus postulados monolingües con la ejecución de las sentencias y la autonomía de centros reconocida por la ley. Por un lado, amaga con el desacato y la adopción de medidas para endurecer la inmersión en los centros. Pero, por otro lado, invoca esa libertad de los directores de centro, que a su vez son elegidos mediante un sistema que controla el propio Govern. De ahí que ahora invoque el principio de indemnidad para proteger a sus funcionarios, colectivo que incluye a los inspectores. Aragonès cuenta también con estos profesionales para mantener el castellano como lengua no vehicular, pero asesorados por sus sindicatos, los inspectores optarán por pedir por escrito las órdenes del Govern en este sentido.

El principio de indemnidad también fue invocado para defender a los dirigentes investigados que investiga el Tribunal de Cuentas por el supuesto desvío de dinero público a la propaganda exterior del procés. El fondo de rescate de los independentistas se creó basado en una sentencia del Tribunal Supremo sobre el principio de indemnidad, invocada en varias ocasiones por el Govern. Aunque en ese caso --un mosso agredido en acto de servicio--, el alto tribunal se refiere a los daños sufridos por los funcionarios en el ejercicio de su cargo, no el que causan altos cargos al erario.

Las consecuencias de desobedecer

“En este caso, lo que se dirime son las consecuencias de desobedecer una sentencia firme. Y parece que el Govern está dispuesto a destinar medios materiales y humanos a proteger a los profesores que lo hagan”, explican fuentes jurídicas a Crónica Global. El TSJC rechazó investigar a Aragonès y otros cargos del Govern por los avales concedidos por el Institut Català de Finances (ICF) a los ex altos cargos de Govern encausados en su día por el Tribunal de Cuentas. Y uno de los argumentos que utilizaba, recuerdan estas fuentes, es que la Generalitat tiene la obligación de proteger "el derecho a la indemnidad de los servidores públicos, al menos hasta que no haya un pronunciamiento judicial que declare con carácter firme su responsabilidad".

Dicho de otra manera, el blindaje prometido por el Govern, más allá de exigir fidelidad a la causa lingüística, no evita que los profesores se metan en un buen lío judicial.

Cambios en el gabinete

El gabinete jurídico que estará al frente de esa defensa de la inmersión, y que depende de la Consejería de Presidencia, es el mismo que ha centralizado la defensa de los mossos que son agredidos durante manifestaciones independentistas. Se trata de uno de los peajes que ERC ha tenido que pagar en sus acuerdos con la CUP: el de reducir el número de casos en los que el Govern ejerce la acusación particular en procesos contra activistas acusados de agredir a los agentes de la policía autonómica. Antes, esa defensa era ejercida por abogados de la propia Consejería de Interior.

Pero el gabinete jurídico está pendiente de ser reestructurado. El acuerdo de ERC, Junts per Catalunya y PSC contempla que su actual director, Francesc Esteve, pase a formar parte del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), una especie de tribunal constitucional a la catalana, retiro dorado de numerosos juristas, alguno de los cuales también pasó por los servicios jurídicos de la Generalitat. Es el caso de Margarida Gil, quien nada más tomar posesión del cargo como jefa de los abogados del Govern de Artur Mas, revocó la decisión del tripartito de presentar acusación en el caso Palau. Gil, casada con el exconsejero de Interior Jordi Jané, fue aupada al CGE.