El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès / EFE - Andreu Dalmau

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès / EFE - Andreu Dalmau

Política

Aragonès coincide ahora con el Tribunal de Cuentas por los avales de la Generalitat

El presidente del Govern ve "impecable" prestar esta salvaguarda económica con dinero público a dirigentes del 'procés' como Puigdemont, Mas y Junqueras

28 febrero, 2022 16:58

Las críticas de los dirigentes secesionistas de la Generalitat al Tribunal de Cuentas han dado paso, por un día, al aplauso por la decisión de este organismo de permitir al Govern avalar a los dirigentes del procés con dinero público. Así lo ha expresado este lunes el presidente autonómico catalán, Pere Aragonès, afirmando que su gobierno siempre confió en que el mecanismo para avalar a los encausados por la promoción exterior de la secesión de Cataluña eran "impecables e imprescindibles" ante lo que denomina "injerencia" del Tribunal de Cuentas.

El máximo dirigente del Ejecutivo catalán ha reaccionado así a la noticia de que el Tribunal de Cuentas ha decidido aceptar los avales presentados por la Generalitat a través del Instituto Catalán de Finanzas para hacer frente a la fianza de 5,4 millones impuesta a una treintena de exdirigentes y altos cargos por la promoción del procés en el extranjero.

"Defender a servidores públicos"

Aragonès (ERC) se ha mostrado encantado por el cambio de criterio de este tribunal: "Desde el primer momento hemos defendido que los avales del ICF no solo son jurídicamente impecables, sino un mecanismo imprescindible para defender a los servidores públicos ante las injerencias del Tribunal de Cuentas", ha afirmado en sus redes sociales.

Entre los promotores del proceso soberanista catalán a los que se reclama su responsabilidad contable están los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras o los exconsellers Raül Romeva y Francesc Homs o Andreu Mas-Colell, entre otros.

Esta decisión revoca la adoptada por la instructora del caso después de que los afectados recurrieran, entre otras razones porque los avales se apoyaban en una ley aprobada por el Parlament de Cataluña --con mayoría de diputados secesionistas-- que sigue vigente, y ahora la Sala de Justicia del Tribunal les ha dado la razón.