Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat en funciones de presidente / EUROPA PRESS

Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat en funciones de presidente / EUROPA PRESS

Política

Aragonès rechaza el 25% de horas de clases en español y dice que la inmersión es "el mejor sistema"

El presidente en funciones de la Generalitat considera idónea la educación monolingüe en catalán y dice: "La defenderemos como un solo pueblo"

17 diciembre, 2020 16:07

Los dirigentes independentistas de la Generalitat se muestran unánimes a la hora de rechazar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que insta a impartir al menos un 25% de la enseñanza en castellano en una comunidad bilingüe como es Cataluña. Empezando por el presidente en funciones del Govern, Pere Aragonès, quien ha expresado su rechazo a esa realidad considerando la inmersión lingüística obligatoria solo en catalán como "el mejor sistema" existente.

"En Cataluña hay un amplio consenso a favor de la inmersión lingüística, porque pedagógicamente es el mejor sistema. Hace tiempo que se la quieren cargar a golpe de tribunales, pero la defenderemos en todas partes como un solo pueblo", ha asegurado el mandatario de ERC.

El Govern recurrirá

El Gobierno autonómico prefiere el monolingüismo que, según algunos estudios, se da en la actualidad en el sistema educativo catalán. Así lo denuncia un informe de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) del año pasado, en el cual se muestra que ningún colegio público catalán cumple con ese 25% mínimo de la enseñanza en castellano. El estudio se basa en el análisis de 2.214 proyectos lingüísticos --43 corresponden a centros de Educación Infantil Inicial (guardería), 1.626 a centros de Educación Infantil y Primaria, 524 a centros de Secundaria y Bachillerato y 21 a centros especiales-- y, según sus datos, el 99% de los centros excluye el idioma español como lengua vehicular en las aulas, el patio y el comedor.

El Departamento de Educación de la Generalitat ha expresado su rechazo rotundo a la sentencia del TSJC y ya ha anunciado que la recurrirá, dando por sentado que conseguirá salirse con la suya gracias a la eliminación del castellano como lengua vehicular en la enseñanza en la nueva ley educativa, la denominada Lomloe o ley Celaá, aprobada este mes en el Congreso con los votos a favor de los dos socios del Gobierno español, y que ahora deberá pasar el trámite del Senado.