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El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, junto a su vicepresidente, Jordi Puigneró, quienes discrepan sobre las infraestructuras del Vallès / EFE - Toni Albir

Aragonès se querellará contra la exdirectora del CNI y la empresa de Pegasus

El presidente de la Generalitat se plantea ampliarla si surgen más responsables de su vigilancia por el 'procés' y avisa: "El espionaje y la vulneración de derechos fundamentales no quedarán impunes"

Ricard López
5 min

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, presentará en "las próximas horas" una querella ante el juzgado de instrucción de Barcelona contra la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, y contra NSO, la empresa propietaria del sistema de ciberespionaje Pegasus con el que presuntamente se espiaron sus comunicaciones entre 2017 y 2020.

Así lo ha anunciado este martes la portavoz del Govern catalán, Patrícia Plaja, según la cual la querella recoge que los hechos pueden constituir delitos de intrusión no autorizada en equipos informáticos, de intercepción ilegal de comunicaciones, espionaje informático y de producción y adquisición por uso de spyware y "otros delitos contra los derechos fundamentales".

Aragonès ya anunció que presentaría una querella cuando trascendió el caso de presunto espionaje en abril y ahora ha concretado que se dirigirá a Esteban y a la empresa propietaria de Pegasus, aunque ha avisado de que se puede ampliar a "cualquier otra persona física o jurídica" si la investigación determina que tienen responsabilidades.

El dirigente secesionista cree que la investigación que debe comenzar a partir de la querella "debe poder garantizar de forma urgente que se aborda el tema para descubrir los hechos en toda su integridad", así como para presentar pruebas que pueden desaparecer y para descubrir la identidad de los responsables.

"Motivación política"

Aragonès fue uno de los 18 mandatarios secesionistas vigilados con autorización judicial por el procés secesionista catalán, según la documentación aportada por la propia directora del CNI, y la portavoz del Govern cree que ello supone una "clara motivación política". Plaja sostiene que el presidente de la Generalitat recibió al menos cuatro intentos de infiltrarse en su teléfono móvil, en una época en la que se produjeron las negociaciones entre ERC y el PSOE para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y la inhabilitación por desobediencia de Quim Torra.

Un informe del grupo CitizenLab de la Universidad de Toronto --en cuya confección participaron activistas secesionistas como Elies Campo, y cuestionado por supuesta falta de rigor en otros ámbitos universitarios-- determinó que Aragonès fue uno de los 65 líderes secesionistas supuestamente afectados por el espionaje cuando fue vicepresidente de la Generalitat en la anterior legislatura, aunque Plaja cree que no se puede garantizar que también se le haya espiado desde que es presidente.

Piden explicaciones al CNI

La portavoz del Govern secesionista ha argumentado que la querella, elaborada por los servicios jurídicos de la Generalitat en coordinación con el abogado Andreu Van den Eynde, se dirige también contra la empresa propietaria del software espía Pegasus porque consideran que debería tener herramientas para comprobar la legalidad de sus herramientas tecnológicas: "O no funcionan o no son suficientemente efectivas", ha manifestado ya que, a su juicio, pueden conllevar situaciones de espionaje masivo.

Plaja también considera "obviedad" que el espionaje está vinculado al CNI y que hay que reclamar explicaciones a la agencia de inteligencia. Unas explicaciones que su directora, Paz Esteban, ya dio en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso que se celebró el pasado mes de mayo a puerta cerrada, y en la que estuvieron presentes los dos partidos del Govern secesionista catalán (ERC y JxCat).

"No quedará impune"

Aragonès, por su parte, ha apuntado en un mensaje en su perfil de Twitter que "el espionaje y la vulneración de derechos fundamentales no quedará impune", y espera que la querella contra Esteban y la empresa NSO sirva para depurar responsabilidades por el caso Pegasus.

"La vulneración del secreto de las comunicaciones para un uso político no es aceptable en una democracia. Ni un paso atrás en la defensa de los derechos fundamentales", ha añadido.