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Manifestación independentista organizada por el nacionalismo catalán. Imagen del artículo 'La verdadera patria'

El 'Govern' se aferra a un resquicio legal para anular la causa del 1-O

Un imputado denuncia presuntas irregularidades y sostiene que se adjudicó a dedo al juez Ramírez Sunyer por su "obsesión" con el 'procés'

8 min

El gobierno catalán pedirá que se anule toda la causa del procés si se demuestra que se otorgó a dedo porque el juez titular era muy próximo al Ejecutivo español.

Un imputado en la causa abierta por el 1-O ha pedido anular el procedimiento al entender que está viciado de origen porque se adjudicó de forma "irregular" al titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona debido a su "obsesión" con el proceso independentista.

Esa es la tesis que sostiene el imputado, un exalto cargo con Carles Puigdemont al frente de la Generalitat, en un escrito que su abogado presentará este martes ante dicho juzgado. 

"Sesgo ideológico" y juez "obsesionado"

El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona lo dirige Alejandra Gil Lima desde que falleció Juan Antonio Ramírez Sunyer el pasado mes de noviembre.

El imputado reclama la nulidad de la causa al concluir que existió una "vulneración flagrante" de las normas de reparto por parte del poder judicial para adjudicar el caso de forma "irregular" a Ramírez Sunyer, debido a su "sesgo ideológico" y a su "obsesión con la situación de Cataluña y España".

Confían en llegar a Estrasburgo

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado en declaraciones a RAC1 que "si se demuestra, la causa quedaría nula y se puede llevar al Tribunal de Estrasburgo". En su opinión, existe "una sospecha muy fundamentada de que alguien ha escogido a un juez a dedo por la causa del 13", razón por la cual cree que "se tendría que atribuir a otro juez y volver a iniciarla de cero".

En este sentido, ha advertido: "El juez no se escoge. Hay unas normas de reparto que presuntamente se han vulnerado. Han costado mucho obtenerlas".

El presidente catalán, Quim Torra (d) y su número dos, Pere Aragonés, en el Parlamento catalán / EFE

El presidente catalán, Quim Torra, y su número dos, Pere Aragonés, en el Parlamento catalán / EFE

"Afinidad ideológica" con el denunciante

Según la defensa del imputado, "todas las actuaciones se encuentran viciadas de nulidad desde el inicio como consecuencia de la irregularidad del reparto de la denuncia".

Su teoría es que el entonces titular del juzgado de instrucción número 13 mantenía una "afinidad ideológica" con el denunciante y con los "intereses del Estado", por lo que la instrucción ha tenido una "falta de imparcialidad subjetiva y objetiva".

La presunta irregularidad

Tras un mes de gestiones infructuosas ante los juzgados, el abogado del imputado logró que el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) le facilitase en diciembre una copia de las normas de reparto en la capital catalana que, según detalla, establecen que no se pueden adjudicar diligencias sin detenidos a un juez que haya entrado o salido de la guardia en las 72 horas previas, para evitar que se pueda elegir al juez.

En el caso que propició la investigación sobre el 1-O, el abogado Miguel Duran interpuso el 27 de enero de 2017 una denuncia contra el exsenador de ERC Santi Vidal por sus conferencias --en las que afirmó que el Govern tenía una partida "camuflada" de 400 millones para el referéndum-- y el juez de guardia, el de instrucción 9, la remitió al decanato para su reparto, en aplicación de la regla de las 72 horas.

Según el escrito, el 28 de enero de 2017 estaba de guardia el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, por lo que el recurso sostiene que en una "aplicación correcta" de las normas de reparto, las diligencias "nunca podrían" haber recaído en Ramírez Sunyer.

Dudas sobre la "imparcialidad" de Ramírez Sunyer

Por este motivo, el abogado pide la nulidad de la causa --en la que las investigaciones de la Guardia Civil han nutrido también al procedimiento abierto en el Tribunal Supremo contra la cúpula del procés--, alegando que se ha vulnerado el derecho al juez imparcial y predeterminado, lo que "ha creado, y sigue creando, una manifiesta indefensión" a los imputados.

Según el escrito, las "dudas" sobre la "imparcialidad" de Ramírez Sunyer son "numerosas", por hechos como que en mayo de 2017, cuando ya llevaba el caso, se tenía que jubilar y se le prorrogó su servicio en activo hasta los 72 años, pese a que ya estaba enfermo "y se podía dudar de que llevara a cabo toda la instrucción".

"Grave enfermedad"

"El fallecido juez instructor, pese a sufrir una grave enfermedad, se dedicó en exclusiva a una causa tan compleja y, además, prorrogó su jubilación hasta los 72 años", explica.

El escrito insiste en que la "obsesión" del juez en relación al proceso independentista era "tan patente" que incluso un vocal del CGPJ, José María Macías Castaño, publicó un artículo en que, refiriéndose a Ramírez Sunyer, destacaba: "siempre se negó (a dejar el juzgado), obsesionado con culminar una investigación en la que tanto se juegan Cataluña y España".

Interferencias del 'Govern'

El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent (ERC), terció ayer en el asunto asegurando que se trata de "uno de los mayores escándalos judiciales" de Europa.

"Aún no ha empezado el juicio de la vergüenza y ya podemos decir que toda la causa contra el independentismo supone uno de los mayores escándalos judiciales de la historia reciente de Europa", aseguró el político independentista en su perfil de Twitter.

El procedimiento judicial tramitado por el juzgado 13 afecta a una cuarentena de personas vinculadas con el anterior gobierno de la Generalitat y relacionadas con la convocatoria del referéndum del 1-O, muchas de las cuales son militantes de ERC o próximas a este partido.