La Guardia Urbana ha llevado hoy su cabreo ante el propio rostro de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Efectivos del cuerpo municipal de seguridad han protestado en el pleno municipal de la Ciudad Condal contra la supresión de la Unidad de Apoyo Policial (USP, por sus siglas en catalán), los antidisturbios de la fuerza policial.
La acción de los funcionarios de CSIF y ASI llega después de conocerse que el gobierno municipal de Barcelona en Comú (BComú) negocia disolver la unidad, que forman unos 110 agentes, en una área con más atribuciones que se llamará URPE. La maniobra empeorará las condiciones laborales de los agentes y cambiará sus atribuciones de "seguridad ciudadana" a "control de masas". Ello no ha gustado a los sindicatos, que interpretan la decisión como una "venganza" contra la Guardia Urbana a la par que lamentan que el cambio no lleve aparejado un respeto a la antigüedad de los agentes.
"Seguridad comprometida"
En un comunicado público, el sindicato CSIF ha denunciado que "la seguridad de Barcelona se encuentra gravemente comprometida", habida cuenta de que los agentes "no tenemos apoyo institucional, hemos perdido el principio de autoridad, no tenemos seguridad jurídica en nuestras intervenciones, no tenemos seguridad laboral y nos humillan siempre que puede este gobierno". A ello, según la parte social, se le suma la "falta de recursos humanos y materiales" y la voluntad del gobierno de los comunes de disolver la USP dentro de la URPE, que será tratado como un cuerpo integral de emergencias.
Protesta de la Guardia Urbana en el pleno municipal de Barcelona / CG
En este sentido, los efectivos han criticado que la medida "pretende convertir a la Guardia Urbana en una policía política", pues la entrada a la URPE se realizará con diversas pruebas, incluida una entrevista personal. Ello dará pie, según la parte social, a una criba de agentes que podría convertirse en un filtro para impedir que los efectivos no deseados por el gobierno municipal de los comunes entren en la unidad especial.
Problemas de seguridad
La protesta policial llega en un momento delicado para la gestión del espacio público en la capital catalana. Barcelona sufre una oleada de inseguridad que se ha traducido en, por ejemplo, cinco episodios de apuñalamientos en una semana. Asimismo, se registró un ataque al restaurante Salamanca de la Barceloneta el miércoles por la noche, que quedó grabado en un explícito vídeo grabado por los vecinos ante el bufé. Unas horas antes, la propia Guardia Urbana abortó un intento de secuestro relacionado con el narcotráfico en el distrito de Nou Barris. Cinco personas fueron detenidas y un coche, llevado al depósito para la investigación policial.
Agresión al restaurante Salamanca de Barcelona el miércoles por la noche / CG
Esta misma semana, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha prometido que aumentará la presencia policial de agentes de los Mossos d'Esquadra en Ciutat Vella, el distrito más castigado por la criminalidad en Barcelona. Ello no supondrá, no obstante, un aumento de los agentes a pie de calle. La oposición ha recordado que no se están sustituyendo todas las jubilaciones en la Guardia Urbana. Asimismo, los grupos han lamentado que la munícipe volviera de la Junta de Seguridad Local celebrada el lunes "con las manos vacías" --sin más Mossos- y que no haya apoyado al cuerpo municipal de Barcelona durante toda la legislatura. CSIF va más allá y pide la dimisión de Colau como edil de Seguridad, además del cese del comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, y del gerente de Seguridad, Jordi Sansó Huerta.
