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Estación de tratamiento de agua potable del Ter, en la red de ATLL que aún gestiona Acciona / ATLL

Anticorrupción investiga la privatización de ATLL

La Fiscalía pide al juez José de la Mata, instructor del ‘caso 3%’, nuevas testificales para saber si Gordó intentó incidir en la adjudicación del contrato del agua

03.09.2018 12:24 h.
4 min

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre la adjudicación de Aigües Ter Llobregat (ATLL). El Ministerio Público ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, el instructor del caso 3%, que dé luz vede a nuevas declaraciones para esclarecer el papel de Germà Gordó en la principal adjudicación que promovió Artur Mas en su primer mandato, los 1.000 millones que intentaba conseguir con la empresa que facilita que reciban agua potable cinco millones de catalanes de Barcelona y su área de influencia.

Afirma que ha “podido acreditar” los indicios de una presunta “trama delictiva que subyace en la estructura de contratación pública de las Administraciones catalanas, controladas desde el partido CDC”. Y Gordó, según avanza El Mundo, sería la pieza clave para facilitar las concesiones que dibuja Anticorrupción previo pago de mordidas.

‘Mordidas a CDC’

La Fiscalía quiere llamar a declarar a media docena de testigos, entre los que se encuentran funcionarios públicos vinculados a la adjudicación del agua, para que hablen sobre las peticiones que les hizo el exconsejero de Justicia con Mas. Según el relato que plantea el Ministerio Público, intentó mediar para que Agbar se hiciera con la concesión.

Apunta a que los funcionarios se opusieron a las demandas de Gordó y que ello propició que finalmente la adjudicación fuera a parar a Acciona. La contrapartida de conseguir el contrato de las aguas catalanas sería pagar dádivas a la entonces CDC, el partido que mutó en PDeCAT tras el escándalo del caso Palau, la condena a la financiación irregular de la formación política.

Reunión en el despacho de Mas

Anticorrupción hace referencia a una reunión secreta en el despacho de Artur Mas en la Generalitat durante la primavera de 2012. Sería en el marco de este encuentro en el que Gordó habría presionado para incidir en la adjudicación. Además, habría nombrado a Josep Antoni Rosell, otro de los investigados en el marco del caso 3%, responsable de defender los intereses del partido en la concesión.

Con todo, no se resolvió en el sentido que presumiblemente impulsó CDC. La Fiscalía también apuntaría a que esto habría motivado la intervención del Tribunal de Contratos del Sector Público, entonces llamada Oarcc. Aunque esta institución respondió a las demandas de las licitantes y anuló el contrato al detectar que Acciona incumplía los pliegos de condiciones del contrato. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) primero y el Tribunal Supremo después le han dado la razón.

ATLL, empresa pública

Este fue el desenlace de la guerra del agua, el conflicto que debería derivar en que ATLL sea de nueva una empresa pública el 1 de enero de 2019. El Gobierno de Quim Torra ha anunciado esta fecha, aunque desde la propia Generalitat se indica que es complejo cumplir con la declaración de intenciones políticas.