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Agentes de la Policía Nacional en una operación anticorrupción en Madrid / EFE

Un juez ordena actuar a la Policía para evitar la opacidad en el AMB con el caso Marina Besòs

El magistrado de Badalona imputa a una técnica de licencias que investiga el pelotazo de Amnesia en Sant Adrià de Besòs

6 min

Un juez ha requerido la intervención de la Policía Nacional para evitar la opacidad en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en relación con el caso Marina Besòs. El magistrado que instruye esa causa, el fallido pelotazo de Grupo Amnesia en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), ha pedido que sea el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) el que haga las solicitudes a la institución que preside Ada Colau, a la sazón alcaldesa de Barcelona, y al Ayuntamiento de Sant Adrià. ¿Con qué fin? "Agilizar las actuaciones" y evitar, "como ha venido sucediendo", que haya demora en el "cumplimiento de los requerimientos así como que se cumplimenten de modo incorrecto".

Así lo fija el juez titular de la sala de Instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) en una providencia a la que ha tenido acceso este medio. El instructor Cristóbal Delgado dirige las pesquisas de la pieza principal del macropelotazo de Amnesia en el Besòs, que acabó en operación fallida y con la discoteca llena de okupas y desguazada. El proceso se remonta a cuatro años atrás. Calificado como causa compleja, el magistrado ha ordenado ahora que sea la Policía Nacional la que efectúe los requerimientos al Ayuntamiento de Sant Adrià y al AMB para acabar con los retrasos y la renuencia de las administraciones a aportar documentación a la Fiscalía.

Caso Marina Besòs / CG

Imputada una técnica de licencias

La resolución del magistrado incorpora otras novedades. Cita como investigada a L. G., técnica municipal de licencias de Sant Adrià. La funcionaria se incorpora así a una larga lista de imputados en la que figura el exalcalde de Sant Adrià Jesús Canga; el actual alcalde, Joan Callau, amén de varios concejales; el gerente del Consejo Comarcal del Barcelonès (CCB), Jaume Vendrell; la secretaria de la misma institución, Marta Gibert; y tres arquitectos que desempeñaron sus labores en la Generalitat de Cataluña y del AMB.

El instructor pide también que 17 sociedades mercantiles y personas físicas aporten la documentación de las retribuciones que obtuvieron de Marina Entertainment SL. Esta sociedad explotó la discoteca Ghoa Beach Club que, según creen los investigadores, operó sin las preceptivas licencias a partir de 2009. Cuatro años después, en los mismos terrenos del Consejo Comarcal, desembarcaba el señor de la noche, Martín Ferrer, dueño de Amnesia Ibiza. Desplazó al antiguo operador --causándole unas pérdidas cercanas a los dos millones-- y abrió unas carpas que acabaron cerradas por incumplir la normativa acústica. Pretendía Ferrer montar un macrocomplejo de ocio que tenía que extenderse al vecino Port Fòrum.

Segundo quebradero de cabeza para el AMB

La resolución procesal del juez de Instrucción número 2 de Badalona constituye un paso más en la investigación de las presuntas irregularidades en la inversión de Amnesia en Sant Adrià, que han dejado la fuga del grupo investigado ahora por blanqueo de capitales en Ibiza; un agujero de 500.000 millones de euros en el erario y un ramillete de imputados que alcanza la veintena. Además de los problemas legales, el pinchazo de Ferrer dejó también un roto en el terreno económico, pues el señor de la noche se adjudicó el derecho a comercialización de los locales del Port Fòrum mediante la sociedad Innovaciones Calem. La mercantil fracasó, acabó extinguida y, los establecimientos, vacíos hasta hoy.

En el plano político, la falta de confianza del juez con el Ayuntamiento de Sant Adrià y el AMB no podía llegar en peor momento para una administración, la supramunicipal, que se enfrenta a otro escándalo en ciernes: la adjudicación del macrocontrato del servicio de Aerobús por 89 millones de euros a seis años. Pretende el consejo metropolitano del AMB adjudicarlo mañana martes pese a que el expediente fue suspendido en 2018 por flagrantes irregularidades. Penden sobre el caso dos investigaciones de la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) por supuesta colusión o cártel de empresas. El fiscalizador del mercado ya ha avisado de que acudirá a Antifraude si el AMB adjudica la contrata. Los rivales de los grupos ganadores, TMB --participada del AMB--, Moventia, Tusgsal, Vectalia y Cinesi preparan acciones ante Fiscalía.