Ada Colau ataca ahora a los que alquilan habitaciones tras pactar la paz con Airbnb en Barcelona. La alcaldesa de Barcelona está imponiendo multas de 60.000 euros a los vecinos que comparten su piso con turistas pese a que la normativa vigente no castiga esta actividad.
Si a finales de mayo la munícipe de Barcelona en Comú (BComú) alcanzaba un pacto con la tecnológica para eliminar los anuncios de pisos turísticos ilegales, e incorporaba la puntocom a la mesa de buenas prácticas en turismo, ahora ha buscado otro enemigo. Se trata de los barceloneses que alquilan una sola habitación del piso en el que viven. La actividad, llamada homesharing, está pendiente de regulación. La norma que dotará de armazón legal --y posibilidad de recaudación impositiva-- a la vieja práctica de ceder habitaciones a turistas es el decreto de turismo de Cataluña. Se aprobará en septiembre y prevé esta figura: los hogares compartidos. Ello no ha sido óbice para que BComú arremeta contra los 4.000 vecinos de la capital catalana que ceden parte de sus casas a visitantes con multas de 60.001 euros.
"Nunca antes había ocurrido"
La portavoz de Veins i Anfitrions (ViA) de Barcelona, Dámaris Rojas, ha explicado a este medio que "nunca antes había ocurrido que se multara a gente por alquilar una habitación. ¿Y los que alquilan a estudiantes?". La ciudadana alerta de que está llegando un alud de sanciones a los socios de la entidad --más de 700 censados-- después de que el Ayuntamiento firmara la paz con Airbnb en mayo en relación a los anuncios de vivienda vacacionales enteras sin licencia. "Parece que se han buscado a otro enemigo para hacer campaña electoral", ha lamentado la también activista.
Rojas ha recordado que la figura de alquilar una o más habitaciones de tu primera casa --en la que vives-- en Barcelona "no es ilegal, es alegal". Unos 4.000 barceloneses participan de esta actividad. ¿Significa ello un pozo de dinero negro? "En absoluto. La gente de ViA tenemos claro que se declara el ingreso vía IRPF hasta que se pueda computar como una actividad a tiempo parcial", aclara. Las consecuencias, pues, son otras. "Están cebándose con gente que tiene hipotecas o que llega justa a final de mes. Es gravísimo, pues el Ayuntamiento de Barcelona se está extralimitando: sanciona sin base legal alguna", ha remachado.
Desgarro en el Consejo de Turismo
La frenesí sancionadora del gobierno municipal de BComú provocó que la semana pasada la asociación Veïns i Amfitrions (ViA) plantara a los representantes municipales en el Consejo de Turismo y Ciudad, el órgano consultivo que busca debatir y consensuar el modelo de turismo hacia el que quieren avanzar todos los actores que participan del sector vacacional barcelonés. "Consideramos que este ente no está cumpliendo sus funciones de forma equitativa, velando únicamente por los intereses de los grandes poderes económicos y orillando a los ciudadanos que reclaman una nueva ordenación de los tipos de alquiler vacacional", rezaba el comunicado de desplante.
Cabe recordar que el Ejecutivo local de Barcelona en Comú dispone de un equipo de unos 100 inspectores que peinan los portales de anuncios vacacionales y la ciudad a la caza de los pisos turísticos ilegales. Asimismo, asegura que tiene una araña web que rastrea las plataformas que publicitan pisos turísticos. Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo, asegura que con estas herramientas se han cerrado 4.148 viviendas sin licencia en los últimos dos años.
