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Los alcaldes del PDeCAT se rajan ante el referéndum

Los alcaldes ‘indepes’ cuestionan la renta garantizada de Puigdemont

Las entidades municipalistas denuncian su ninguneo en una carta, a la que ha tenido acceso 'Crónica Global', en la que expresan sus dudas sobre la gestión de esta prestación, que será aprobada hoy

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Los alcaldes catalanes, incluidos los del PDeCAT y ERC, han expresado sus dudas respecto a la viabilidad económica de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que hoy será aprobada en el Pleno del Parlamento catalán, en una carta dirigida a los grupos parlamentarios a la que ha tenido acceso Crónica Global. Asimismo, denuncian que no han recibido información por parte del Departamento de Trabajo, impulsor de la nueva prestación.

Tanto la Associació Catalana de Municipis –vinculada al PDeCAt y ERC-- como la Federació de Municipis de Catalunya –que engloba mayoritariamente a ediles del PSC— cuestionan la gestión de esta prestación económica. “Las entidades municipalistas estamos preocupadas por aspectos de la gestión inicialmente prevista que puedan hacer perder o limitar un aspecto central de la prestación en este caso, que es la proximidad con el ciudadano”, afirman en la misiva, que lleva fecha del pasado 4 de julio.

renta garantizada

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La proposición, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), crea esta prestación para personas y unidades familiares que no dispongan de los ingresos que les garanticen los mínimos para una vida digna, con el objetivo de velar por su inclusión social o laboral. La prestación comenzará a aplicarse el 15 de septiembre con el 85% de la cuantía y se irá implantando de forma gradual hasta el 1 de abril de 2020, cuando ya se podrá percibir el cien por ciento. Así, en septiembre la prestación será de 564 euros por adulto, y una vez desplegada totalmente la ley, de 664 euros.

"No teníamos conocimiento del acuerdo"

Recientemente, recuerdan los alcaldes en esta carta, “la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, junto a los promotores de la ILP presentaron el Acuerdo para la Renta Garantizada de Ciudadanía en Cataluña": "Aunque las dos entidades municipalistas no teníamos conocimiento del contenido del acuerdo, estuvimos presentes porque entendíamos que debemos estar al lado de las personas más vulnerables y con más necesidades”.

Asimismo, se quejan: “No hemos dispuesto de información en relación a la propuesta de renta garantizada en ningún momento desde el departamento impulsor”.

carta parrafo

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El PSC reclama más información económica

Las dudas sobre la gestión de la RGC coinciden con las expresadas por el PSC, que en repetidas ocasiones ha reclamado la memoria económica de esta prestación para saber con qué recursos cuenta la Generalitat. Los socialistas han llegado a pedir el amparo de la Mesa del Parlament ante la negativa del Govern a facilitar esa información. Hoy, el diputado del PSC Raúl Moreno volverá a reclamar esos datos económicos en el Pleno.

La Cámara catalana celebrará hoy, 12 de julio, el debate final de la proposición de ley de la renta garantizada establecida por el artículo 24.3 del Estatuto y que llega al Pleno sin ninguna enmienda. Diosdado Toledo y Sixte Garganté, en nombre de la comisión promotora de la ILP, abrirán el debate.

Podrán solicitar la ayuda las personas mayores de 23 tres años con un mínimo de dos años de residencia en el país, que hayan agotado todas las prestaciones y que no tengan la cantidad de ingresos, rentas o recursos económicos considerada mínima para atender las necesidades básicas de una vida digna de acuerdo con el umbral de ingresos fijado por el indicador de la renta de suficiencia de Cataluña.

Desde septiembre, las familias monoparentales con hijos a cargo que tengan contratos a tiempo parcial con ingresos inferiores al indicador de renta de suficiencia de Cataluña también podrán recibir la prestación hasta alcanzar los ingresos correspondientes a este tope. La ayuda será compatible con prestaciones de la Ley de dependencia y con becas de transporte y comedor escolar.

La Mesa abrió la tramitación de la ILP en marzo de 2013, y la comisión de control proclamó el 28 de enero de 2014 que había superado de largo el mínimo de 50.000 firmas para que continuara la tramitación parlamentaria. En total, en recogió 121.191.

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