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Los dirigentes del PP Xavier Garcia Albiol, María Dolores de Cospedal, Alicia Sánchez-Camacho y Andrea Levy, de izquierda a derecha / CG

Albiol descarta ahora una financiación singular para Cataluña

El PPC da carpetazo al sistema que en 2013 propuso Sánchez-Camacho y sublevó a Cospedal, frente al "pacto fiscal federal" del PSC y la "Hacienda propia y solidaria" de CATComú

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“Pactaremos un nuevo sistema de financiación autonómica que respete los principios de justicia, igualdad, solidaridad, ordinalidad y sostenibilidad, que garantice la prestación de servicios públicos de calidad”, afirma el PP catalán en su programa electoral para el 21D. Se trata de una escueta referencia al modelo fiscal que, en su opinión, debería aplicarse en Cataluña y que nada tiene que ver con el sistema que en su día defendió Alicia Sánchez-Camacho.

Corría 2013 y la entonces presidenta del PPC lanzó una propuesta a mitad de camino entre el concierto económico y el régimen común. De esta forma, la dirigente popular pretendía dar respuesta al modelo fiscal exigido por el presidente Artur Mas. El líder convergente renunciaría después al debate fiscal para abrazar la independencia. Camacho proponía un incremento de los impuestos cedidos y de la participación en la cesa de impuestos estatales; establecer fórmulas de colaboración entre la Agencia Tributaria de Cataluña y la Agencia Estatal, la aplicación de un principio de ordinalidad (mantenimiento de la posición de Cataluña respecto a su propia renta per cápita y no alterar su posición en el ranking de las comunidades tras aplicar los mecanismos de nivelación), y un principio de solidaridad finalista (determinar a qué se destinan las partidas).

La propuesta sublevó a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cuyas relaciones con Camacho siempre fueron tensas.

Ciudadanos: régimen común

El candidato del PPC al 21D, Xavier García Albiol, incluye en sus propuestas de campaña un modelo de financiación que se asemeja más al régimen común de Ciudadanos. La formación naranja, reacia a cualquier tipo de singularidad para Cataluña, utiliza en su programa una fórmula muy aséptica: Urge actualizar el modelo de financiación autonómica que el Gobierno de España ha sido incapaz de abordar. La reforma debe conseguir un nuevo modelo de financiación autonómica más justo que garantice un reparto equitativo de los recursos entre todas las CCAA en función de sus necesidades reales, más transparente, más justo y que incentive la corresponsabilidad fiscal entre todas las administraciones".

PSC: La Hacienda Federal

Por su parte, el PSC apuesta por un “pacto fiscal federal” que pasa por aumentar la participación actual de las comunidades autónomas en el IRPF, IVA e impuestos especiales; un sistema que garantice el criterio de ordinalidad en los recursos finales, convergencia territorial; autogobierno y corresponsabilidad fiscal; un consorcio tributario entre la Agencia catalana y la española; lealtad institucional y cogobierno en un estado federal, simplicidad y transparencia; retirada del FLA y la condonación de una parte de la deuda catalana (la polémica quita).

Catalunya en Comú: "Hacienda propia y solidaria"

Catalunya en Comú defiende una “hacienda propia y solidaria”, es decir, “un nuevo sistema de financiación específico para Cataluña a partir de la creación de una hacienda propia y solidaria, con el pleno desarrollo de la Agencia Tributaria de Cataluña”. Los objetivos de esta hacienda serían: a) lograr la plena capacidad de decisión sobre tributos en Cataluña, en plena coordinación con las competencias actuales y futuras de la UE; b) disponer de los recursos económicos que se generan en el país para atender las políticas sociales y económicas; y c) garantizar la lealtad institucional para evitar arbitrariedades e incumplimientos de las partes. Este sistema continuaría siendo coherente con el principio de solidaridad territorial, que se haría efectiva a través del cálculo de una aportación para la redistribución territorial”.

Esta aportación, precisan, no debería alterar el principio de ordinalidad, y respondería a un doble objetivo: contribuir a la solidaridad con el resto de pueblos del Estado y pagar los servicios prestados en Cataluña por parte del Gobierno de España.

Los partidos independentistas, obviamente, niegan la mayor, es decir, participar en un sistema de financiación autonómico. Junts per Catalunya y ERC dan por hecho la gestión total de tributos, sin solidaridad con el resto de España. ERC apuesta por una banca pública catalana, una vieja reivindicación de la CUP.