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Xavier García Albiol, nuevo alcalde de Badalona, en una imagen de archivo / EFE

El juez cita a Albiol como investigado por prevaricación y malversación

El instructor rastrea la instalación supuestamente sin licencia de unas antenas de telefonía móvil durante el anterior mandato del alcalde popular

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Un juez de Badalona (Barcelona) ha citado a declarar como investigado al alcalde de esta ciudad, el popular Xavier García Albiol, el 14 de julio a las diez de la mañana, sobre un caso de presunta prevaricación urbanística y malversación.

Los hechos se remontan a 2012, es decir, al anterior mandato de Albiol en su calidad de presidente de Engestur --sociedad municipal que desarrolla una parte muy voluminosa del urbanismo de la ciudad-- y alcalde con competencias de urbanismo, y se refiere a la instalación supuestamente sin licencia de unas antenas de telefonía móvil en el Turó d'en Caritg, junto a la comisaría de la Guardia Urbana.

La pandemia retrasa la declaración

La declaración judicial de Albiol estaba prevista para el 9 de marzo, pero la pandemia del Covid obligó a retrasar la comparecencia.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badalona investiga este caso a raíz de una querella de la Fiscalía, que también pidió al juez que investigara a la que fuera alcaldesa entre 2015 y 2018, Dolors Sabater (Guanyem Badalona en Comú), después de que esta reconociera en una entrevista en Televisión de Badalona, en octubre de 2019, que su equipo "heredó" el problema de estas antenas y trató de resolverlo, antes de denunciarlo.

Sabater, también bajo sospecha

"(Queríamos) ver si se podía realmente legalizar, era una chapuza tan grande que los servicios jurídicos estuvieron trabajando, pero no consiguieron, al menos durante los tres años que estuvimos, resolverlo", reconoció Sabater en aquella entrevista.

Según la acusación pública, las antenas están sin legalizar desde que el equipo de Albiol autorizó su instalación en 2012, supuestamente con el objetivo de que el consistorio obtuviese a cambio recursos económicos de parte de las compañías de telefonía para reformar la comisaría. Para la Fiscalía, la instalación de las antenas bajo sospecha resultó "abiertamente irregular", ya que requerían de una licencia urbanística, que no lograron.