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Josep Lluís Alay, asesor de Puigdemont

El jefe de oficina de Puigdemont utiliza a Montilla para justificar su viaje a Nueva Caledonia

La Generalitat le pagó casi 5.000 euros para que asistiera al referéndum de las islas del Pacífico en 2018

7 min

Josep Lluís Alay, jefe de oficina del expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont, se ha escudado en los gastos del expresidente catalán José Montilla en 2018 --en concreto, 3.770 euros en aparcamiento y ornamentos-- para justificar un viaje como observador al referéndum de Nueva Caledonia que pagó la Generalitat.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Alay ha declarado este viernes como investigado ante la titular del juzgado de instrucción número 28 de Barcelona a raíz de la querella por malversación y prevaricación que la Fiscalía presentó contra él por los 4.580 euros que costó su viaje de 2018 a Nueva Caledonia, como jefe de la oficina del ahora cabeza de lista de Junts Per Catalunya en las elecciones del 14F, Carles Puigdemont.

La secretaria de Presidencia, investigada

Junto a Alay ha declarado la secretaria general de Presidencia, Meritxell Masó, investigada por autorizar los gastos bajo sospecha, y también lo han hecho, en su caso como testigos, el Interventor General de la Generalitat y la subdirectora general de Régimen Económico del Departamento de Presidencia.

Alay, que también está imputado en el denominado caso Voloh sobre el presunto desvío de fondos públicos al procés independentista, era una de las personas que acompañaba a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en 2018, procedimiento por el que lo investigó la Audiencia Nacional, que el año pasado acabó exculpándolo.

Peajes 'gratis' para ver a los políticos presos

Alay, que a su vez es profesor de Historia en la UB, ha respondido esta mañana ante la juez por el pago del viaje que efectuó al referéndum de Nueva Caledonia, en el que los electores rechazaron independizarse de Francia, y por 15 euros en peajes a la cárcel de Lledoners --donde se encuentran encarcelados siete de los nueve políticos presos del proces-- que pagó la oficina que Puigdemont dispone como expresidente, gracias a una ley catalana de 2003 que regula el régimen estatutario sobre esta figura.

El historiador ha argumentado ante la juez que acudió a ese viaje en representación del propio Puigdemont, tras ser invitado por el Frente de Liberación Nacional Canaco Socialista, y que la oficina pagó solo el viaje de avión, puesto que el alojamiento y manutención corrieron a cargo de sus anfitriones.

Se escuda en Montilla

Tras insistir en que todo el presupuesto --incluido el viaje a Nueva Caledonia-- está recogido en una memoria que se puede consultar a través del Parlament, la defensa de Alay ha entregado a la juez el informe de los gastos de la oficina del expresidente de la Generalitat José Montilla, del PSC, en el año 2018.

Carles Puigdemont, dando su apoyo al referéndum de Nueva Caledonia / @josepalay (TWITTER)
Carles Puigdemont, dando su apoyo al referéndum de Nueva Caledonia / @josepalay (TWITTER)

Entre las protestas de la Fiscalía Anticorrupción, que ha advertido a la juez de que en esta causa no se investigaban los gastos de la oficina de Montilla, la defensa de Alay ha hecho hincapié en dos partidas concretas, ambas de 2018: 2.691 euros destinados por el expresident socialista a ornamentos de oficina y otros 2.079 euros en aparcamiento.

Dudas sobre la legalidad

Alay ha dicho ante la juez que devolvió a la Generalitat los cerca de 15 euros en peajes que giró a la oficina de Puigdemont por sus viajes a Lledoners, después de que el Interventor General de la Generalitat cuestionara la factura.

El Interventor, según ha precisado en su declaración como testigo, tuvo dudas sobre la legalidad del pago de los peajes, puesto que no se detallaba que fuera un gasto de representación de la oficina del president.

No obstante, y en la misma línea que la subdirectora de Régimen Económico, ha avalado la partida destinada al viaje a Nueva Caledonia porque la oficina del president tiene autonomía para gestionar su presupuesto, solo sujeto a controles formales y no de oportunidad.

Testigos

Según los testigos, el viaje podría haber sido considerado irregular si se hubiera efectuado a través de una agencia no incluida en los acuerdos marcos de la Generalitat, no se hubiera justificado mediante facturas o lo disfrutara una persona ajena a la oficina del president.

Por su parte, la secretaria general investigada ha alegado que no entra entre sus competencias fiscalizar los gastos de la oficina del president, dado que es al Parlament al que corresponde hacerlo, y ha añadido que cuando autorizó el pago no entró a valorar la oportunidad de ese gasto.

La fiscalía ve abuso

En su querella, la fiscalía detalla que Alay, "abusando" de su condición de responsable de la oficina de Puigdemont, se "excedió" en las funciones que tiene atribuidas y se "apartó" de su obligación de servir a los intereses generales con el propósito de lograr un "enriquecimiento ilícito".

En concreto, según la fiscalía, logró que la Generalitat, gracias a la autorización "manifiestamente arbitraria e injusta" de Masó, se hiciera cargo de los gastos por valor de 4.580 euros de su viaje a Nueva Caledonia, pese a que aquella actividad no se encontraba entre las que tenía atribuidas al frente de la oficina del expresidente.

La ley y posterior decreto que regulan desde 2003 las prerrogativas de los expresidentes de la Generalitat establecen que podrán disponer de una oficina con tres personas adscritas a cargo del erario público, con una dotación presupuestaria para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, si es preciso, alquiler de inmuebles.

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