Menú Buscar
Pásate al modo ahorro
El director de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay (i), y el abogado Gonzalo Boye (d) / EFE

El hombre de confianza de Puigdemont, a juicio por malversación y prevaricación

El juez instructor decreta la apertura de juicio oral contra Josep Lluís Alay, jefe de la Oficina del expresidente catalán, para quien la Fiscalía pide tres años de prisión

4 min

El Juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona ha decretado la apertura de juicio oral contra Josep Lluís Alay, jefe de la Oficina del expresidente Carles Puigdemont, por los presuntos delitos de malversaciónprevaricación. La investigación se centra en el uso de fondos públicos para asistir al referéndum de autodeterminación de Nueva Caledonia en noviembre de 2018, así como facturas para ir a visitar a los líderes independentistas presos en la cárcel de Lledoners. La Fiscalía pide tres años de prisión y 17 de inhabilitación.

En un auto con fecha 8 de noviembre, la magistrada acuerda abrir juicio oral ante la Audiencia Provincial contra Alay "en su calidad de acusado" por los delitos de malversación de caudales públicos (previsto y penado en el artículo  432.1 y 2 en relación con los artículos  252 ó alternativamente  253) y de prevaricación administrativa (artículo  404 del Código Penal). El juzgado mantiene la situación de libertad provisional del acusado, pero le insta a pagar una fianza de 4.732,56 euros en un plazo de veinticuatro horas. Asimismo, la juez da traslado a las partes para que en el plazo de diez días presenten sus escritos de defensa y acusación”.

Viaje a Nueva Caledonia

En febrero de 2020, la Fiscalía de Barcelona se querelló contra el historiador y hombre de confianza de Puigdemont, y contra la secretaria general de Presidencia, Meritxell Massó por los gastos de un viaje del 30 de octubre al 6 de noviembre de 2018 para hacer de observador en el referéndum de Nueva Caledonia, por más de 4.000 euros.

También se recoge en la querella los gastos de los peajes de autopista del trayecto a Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), de 3 de septiembre de 2018, y considera que "a la vista de las funciones y actividades que el querellado tiene encomendadas, no existe razón alguna que justifique el pago con cargo a la partida presupuestaria 'Oficina del expresidente" de estos dos conceptos.

Según el Ministerio Público, Alay actuó "abusando de su condición de responsable de la Oficina del expresidente Carles Puigdemont, excediéndose en las funciones que como tal tiene atribuidas". En su escrito de conclusiones provisionales, "teniendo en cuenta las funciones y actividades que como Responsable de la Oficina del Expresidente tenía encomendadas, cuando el acusado reclamó los importes indicados como gastos de su viaje a Nueva Caledonia, lo hizo a sabiendas de que se trataba de un viaje personal y ajeno a sus funciones como Responsable de aquella Oficina y de que no existía razón alguna que justificara el pago con cargo a su dotación presupuestaria pública de la que él mismo tenía el control y la gestión". Los gastos, insiste la Fiscalía, se abonaron indebidamente "a cuenta del erario público de la administración autonómica, con un claro perjuicio económico para éste último, por más que los funcionarios indicados no actuaran a sabiendas de que de ese modo se estaban sufragando unos gastos personales con dinero público".