Alavedra y Prenafeta se libran de la cárcel tras un pacto con la Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado este jueves a dos años su petición de pena de cárcel solicitada para los exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña en la etapa de Jordi Pujol Macià Alavedra y Lluís Prenafeta por su implicación en la trama Pretoria que juzga la Audiencia Nacional. Ambos reconocieron en las primeras sesiones de vista oral que habían cobrado comisiones del 4% por intermediar en dos operaciones urbanísticas del área metropolitana de Barcelona.

Tras el pacto alcanzado con el Ministerio Público, la fiscal del caso, Ana Cuenca, ha rebajado su petición inicial de seis años y diez meses de cárcel para cada uno y en este nuevo escrito pide un año de cárcel por el delito de tráfico de influencias y otro año por blanqueo de capitales por lo que los dos acusados podrían evitar entrar en prisión. Pide además una multa de 3.243.204,39 euros para Alavedra y de 5,831,060 euros para Prenafeta.

Se les acusa de mediar en la operación Niesma en Sant Andreu de Llavaneres consistente en la compra venta de dos fincas cuyo valor se revalorizó tras ser recalificadas, y en la operación Badalona, desarrollada en el Puerto deportivo de dicha localidad. Ambas, junto con la operación Pallaresa (Santa Coloma de Gramenet) integran la trama Pretoria que juzga la Audiencia Nacional desde el pasado mes de marzo.

Rebajas para Carrillo, Torres, McMahan y Mas

Además de estos dos acusados, la fiscal también rebaja su petición de pena para otros cuatro más que también reconocieron su implicación en la trama que operó entre los años 2000 y 2009 en las tres localidades catalanas. Para Manuel Carrillo, dueño de Limasa (empresa adjudicataria de los servicios de limpieza en Santa Coloma) pasa de tres años años de cárcel a seis meses por el delito de cohecho y multa de 12.480 euros.

Los encausados Gloria Torres y Philipp McMahan, ambos presuntos testaferros de Alavedra, evitarían también su entrada en prisión al igual que la mujer de Prenafeta Lluïsa Mas, al pactar con la Fiscalía medio año de cárcel. Se les pide una multa de 315,000, 2.606.206,34 y 1.979.365,35 euros, respectivamente.

13 años y 26 millones para el cabecilla

Por contra para el presunto cabecilla de la trama, el empresario Luis Andrés García, Luigi, aumenta su petición de ocho a 13 años de cárcel por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales y le añade delito continuado de cohecho y falsedad en documento oficial. La fiscal, que impone la multa más alta de 26.116.691,32 euros, mantiene en su escrito de conclusiones que este era el "conseguidor" de la trama por su cercanía al exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz.

Para este último, también acusado en el procedimiento, la representante del Ministerio Fiscal solicita ocho años y cuatro meses de prisión por el delito continuado de tráfico de influencias y cohecho. Pide multa de 6.820.00 de euros e imputa además delito de prevaricación administrativa para el exdiputado del PSC que acarrearía ocho años de inhabilitación para cargo público.

Entre los que no alcanzaron un pacto con la Fiscalía se encuentra el que fuera responsable del Espacio Público y Urbanístico del consistorio de Santa Coloma Manuel Dobarco y el testaferro de Luigi, Manuel Valera. Al primero le mantiene la petición de un año de prisión aunque le rebaja la multa de 4,155,965 a 2.464.487 millones de euros mientras que para Valera le incrementa a cuatro años y diez meses de cárcel por ayudar a Luigi a "manipular las adjudicaciones públicas" de estas operaciones.

La fiscal mantiene las conclusiones

El dueño de Proinosa, Josep Singla, enfrenta una pena de cárcel de un año y cinco meses y le imputa además delito de cohecho. Su empresa resultó la adjudicataria del concurso público de la operación Pallaresa, aprobada en 2001 por el consistorio catalán y consistente en la creación de un centro comercial, un hotel y un complejo de viviendas.

Durante su intervención ante el tribunal que preside la magistrada Concepción Espejel, la fiscal ha insistido en que sus conclusiones tras medio año de juicio no recogen "ningún hecho nuevo" en relación con el escrito de calificación inicial contra los once acusados en la trama que habrían obtenido 45 millones de euros durante esos nueve años. "Las conclusiones se han limitado a enriquecer el sustrato que aparecía en nuestro escrito de calificación", ha indicado la fiscal.