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Eloi Badia, concejal de Transición Ecológica, presentando el rastreo del coronavirus en el agua / CG

Colau confía el rastreo del virus a una empresa multada por formar un cártel

Barcelona subcontrata y gasta dinero en el análisis de aguas residuales pese a que la sociedad mixta metropolitana, en la que participa, ya tiene una red de vigilancia

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El Ayuntamiento de Barcelona ha encargado el análisis preventivo de aguas residuales para detectar coronavirus a una empresa sancionada por formar un cártel. El gobierno municipal se ha sumado a dos proyectos europeos de rastreo del virus SARS-CoV-2, y gastará dinero público en ello, pese a que la empresa mixta metropolitana ya tiene un sistema de vigilancia que opera desde junio.

El Ejecutivo local presentó a los medios el martes su nueva apuesta por los exámenes de aguas residuales como método de detección del SARS-CoV-2, el patógeno que causa la infección del Covid-19. Los concejales Eloi Badia (Transición Energética y Emergencia Climática) y Gemma Tarafa (Salud y Envejecimiento) vendieron que Barcelona se sumaba así a dos iniciativas para "gestionar mejor la pandemia".

Empresa multada por formar un cártel

Lo que no contaron los dos electos, ambos de Barcelona en Comú (BComú), partido de la alcaldesa Ada Colau, es que confiarán el rastreo preventivo del coronavirus a una empresa multada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por formar un cártel. Adasa Sistemas, socio de la empresa municipal Barcelona Cicle de l'Aigua (BCasa) en el proyecto Life iBathwater, uno de los dos que buscará SARS-CoV-2 en el agua, encajó una sanción de la CNMC por amañar un concurso para proveer sistemas para la Agencia Estatal de Meteorologia (Aemet).

 

 

Barcelona analiza la presencia de Covid-19 en las aguas de baño y residuales / BETEVÉ

Ocurrió en marzo de este año, justo antes de que la pandemia del SARS-CoV-2 golpeara a España. La CNMC anunció, en duros términos, que había "desarticulado" un "cártel" de empresas que se repartían el suministro de radares meteorológicos de la Aemet. Ello constituye una infracción "muy grave" de la normativa de competencia, por lo que las firmas recibieron multas por un total de 610.000 euros. Eran tres empresas: Adasa Sistemas, Schneider Electric España y DTN Services and Systems Spain. La primera es, precisamente, socia del Ayuntamiento de Barcelona en el programa para rastrear aguas fecales.

La empresa metropolitana ya vigila las aguas

Si la idoneidad del socio municipal para el rastreo del Covid en agua es cuestionable, no lo es menos el gasto municipal. Los concejales Tarafa y Badia escondieron el hecho de que su socio en el programa está sancionado por conductas anticompetitivas, pero también que la iniciativa es redundante. La vigilancia del SARS-CoV-2 en el agua la lleva realizando la Aguas de Barcelona, empresa mixta metropolitana de gestión integral del ciclo del agua, desde junio. Agbar, accionista mayoritario de la sociedad participada por esta compañía, presentó su plataforma Covid-19 City Sentinel en junio. Esta solución sirve para prevenir rebrotes mediante el testaje del agua con análisis rápidos de RT-qPCR.

agua coronavirus barcelona

Detalle de una estación de análisis de agua del polémico programa de rastreo del coronavirus en Barcelona / CG

Todo ello lo ocultaron los dos concejales en la presentación del supuesto nuevo sistema de detección del Covid en las aguas de Barcelona. En el caso de Eloi Badia, a la sazón vicepresidente de Ecología del AMB, es doblemente inquietante por cuanto el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) participa en la empresa mixta que ya aplica este sistema de vigilancia. En el campo de la gestión del dinero público, ninguno de los dos electos de BComú fue capaz de precisar cuánto gastará el ayuntamiento en un sistema de análisis de aguas cuyo socio incurrió en conductas irregulares y que se solapa con un programa existente. El presupuesto total de Life iBathwater es de 2.274.164 euros, de los cuales el 60% son fondos comunitarios.

A preguntas de este medio, el Ayuntamiento de Barcelona rechazó ayer concretar qué socios pagan el otro 40% de la polémica iniciativa.