Menú Buscar
Pásate al modo ahorro
El 'conseller' de Educación, Josep González Cambray, tras reunirse con la dirección de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar / EFE

La AFA del colegio de Canet se rompe por la presión a la familia señalada

Un grupo de padres crea el grupo El Turó en Català para exigir el blindaje de la inmersión, mientras que otros apoyan al menor pero tienen miedo a represalias

3 min

La familia que reclama un 25% de horas lectivas en castellano, como reconocen los tribunales, en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) ha provocado un cisma en la Asociación de Familias de Alumnos (AFA). El pasado 4 de diciembre, un grupo de familias, en desacuerdo con las medidas cautelares ordenadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y aplicadas por la dirección del centro, se constituyeron en el grupo El Turó en Català para defender la escuela pública en catalán y el modelo de inmersión.

“Hay familias que apoyan a los padres que reclaman la escolarización en castellano, pero tienen miedo a ser señalados. Y el silencio no es consentimiento”, explica la presidenta de la Asamblea por una Enseñanza Bilingüe (AEB), Ana Losada.

Recogida de firmas

El Turó en Català ha emprendido una recogida de firmas --aseguran superar las 5.000-- para impulsar un manifiesto, según el cual “la lengua castellana está muy presente en la vida social escolar (aulas, patios, proyectos...) y, en ningún caso, la defensa de la inmersión debe entenderse como un ataque hacia el castellano y su enseñanza”. Asimismo, expresan su “rechazo a cualquier tipo de violencia y señalamiento, preservando por encima de todo los intereses de los niños de la escuela”.

En este sentido, aseguran querer evitar la crispación y garantizar que el menor de cinco años cuyos padres han reclamado más horas de castellano no se dé cuenta de la tensión que está provocando el caso.

Defienden "el modelo de inmersión lingüística", pues "los ataques a la inmersión impactan gravemente en la igualdad de oportunidades del alumnado". Los segregados critican "la motivación política de la denuncia y sus efectos negativos sobre el proyecto pedagógico de la escuela". Avisan del "perjuicio de este cambio a medio curso sobre las dinámicas del grupo y el proyecto del centro", pues "las decisiones tomadas en un proyecto pedagógico no se pueden cambiar a placer".