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Representantes de Escuela de Todos-Escola de Tothom, entidad que ha enviado una carta a Pedro Sánchez para denunciar la discriminación lingüística / EFE

La AEB pide al Gobierno actuar contra las leyes que obstaculizan la sentencia del 25% de español

Las entidades probilingüismo denuncian el "pasmoso desinterés" del Ejecutivo de Pedro Sánchez y le reclaman que impugne ante el Tribunal Constitucional

5 min

Las entidades defensoras del bilingüismo en Cataluña piden al Gobierno español que actúe para que se cumplan las sentencias firmes que obligan a impartir al menos un 25% de las clases en castellano en el sistema educativo de la Generalitat. Así lo ha manifestado este martes Escuela de Todos --plataforma de la cual forma parte Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), una de las asociaciones demandantes--, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya planteado este lunes una posible cuestión de inconstitucionalidad del decreto y la ley lingüística elaborados a posteriori por el Govern y el Parlament para imposibilitar ese porcentaje mínimo.

Después de que el TSJC haya emplazado a las partes y al Ministerio Fiscal para que, en el plazo de diez días, se pronuncien "sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad", al constatarse la "contradicción" entre las nuevas normas catalanas y la ejecución de la sentencia firme, Escuela de Todos ha pedido al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez que "denuncie la inconstitucionalidad" tanto del Decreto Ley 6/22 aprobado por los dos socios del Govern secesionista catalán, como de la Ley 8/22, apoyada en el Parlament por el PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem.

Las entidades probilingüismo lamentan que el fallo del TJSC de este lunes permita "dilatar" la ejecución de la sentencia del 25% de castellano, y urgen al Gobierno central a actuar para que se cumpla "cuanto antes", emplazándole a impugnar las nuevas leyes ante el Tribunal Constitucional (TC) y a solicitar la suspensión de su aplicación.

"Desinterés" del Ejecutivo socialista

La plataforma cree que el Govern de la Generalitat ha contado con la colaboración del Gobierno español para conseguir que se suspenda la ejecución de una sentencia firme, y evitar así su aplicación efectiva e inmediata: "De manera indisimulada, ha mostrado un pasmoso desinterés en la ejecución de la sentencia", acusan.

Las entidades probilingüismo también le piden al Ejecutivo central que inste a la Generalitat a abandonar su actitud "de clara rebeldía", adoptando las medidas para que el catalán y el castellano sean consideradas por igual lenguas vehiculares y de aprendizaje en las escuelas catalanas. Y que adopte, "si es necesario y parece que lo es, las medidas constitucionalmente previstas para reconducir a la legalidad la situación".

"Desafío al Estado de Derecho"

Y es que, con el incumplimiento de una sentencia firme, y las leyes elaboradas posteriormente para incumplirla, Escuela de Todos considera que "estamos ante uno de los más graves desafíos que nuestra democracia ha tenido que soportar. El Gobierno de la Generalitat, con la complicidad aparente del Gobierno de España, desafía al Estado de Derecho y pone nuestra Constitución a los pies de los caballos".

La plataforma que engloba a la AEB, Impulso Ciudadano y una quincena de organizaciones que batallan en los tribunales para que se cumpla el 25% de la enseñanza en castellano, remarcan que presentar una cuestión de inconstitucionalidad no debería ser necesario, pues el actual marco jurídico en Cataluña y la doctrina ya expresada por el Tribunal Constitucional permiten la ejecución forzosa de la sentencia del 25 %, incluso con las nuevas normativas aprobadas por la Generalitat.

"Estrategias para dilatar el proceso"

"Nos hubiera gustado otra noticia, porque es otra piedra en el camino, y duele ver que algunas estrategias han logrado dilatar el proceso", ha reconocido la presidenta de AEB, Ana Losada, que ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que "actúe y ponga fin a esta vulneración de derechos" de los alumnos catalanes.

"Pedimos al Gobierno que interponga un recurso de inconstitucionalidad, que no pierda esta oportunidad", ha apuntado por su parte el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo. El vicepresidente de esta asociación, Rafael Arenas, lamenta que el planteamiento de inconsitucionalidad vaya a "retrasar la ejecución de la sentencia, que es de obligado cumplimiento para la Generalitat desde el 25 de enero, y estamos en julio y aún no se ha cumplido", ha recordado.