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Protesta de vecinos contra un desahucio en Barcelona / EP

Colau retira al personal municipal de los desahucios

El Ayuntamiento de Barcelona quitará a los servicios sociales los lanzamientos tras criticar a la justicia por un vaciado que acabó con un suicidio en Sants

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El gobierno municipal de Barcelona ha abierto la opción de retirar al personal municipal de los desahucios. El Ejecutivo local ha aprobado una orden para que los servicios sociales no participen de los lanzamientos si lo estiman oportuno. Todo ello tras un vaciado en Sants que acabó con el suicidio de un hombre

Lo dispone una circular del área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI, que dirige Laura Pérez, cuarta teniente de alcalde y miembro de Barcelona en Comú, partido de la alcaldesa Ada Colau [consultar documento aquí]. Según el documento publicado hoy, los trabajadores sociales podrán optar a asistir a los lanzamientos o no hacerlo. Dependerá de los informes técnicos, que se enviarán al juez que tutela el proceso de desahucio. 

Críticas a la justicia

La información de que el Ayuntamiento de Barcelona retirará a trabajadores municipales de las comitivas judiciales de vaciado de inmuebles llega, casualidad o no, tras el suicidio de un hombre de 58 años en el barrio de Sants esta semana. La víctima había impagado su alquiler, y cuando acudieron a notificarle que sería desahuciado, se quitó la vida. 

Tras ello, el gobierno municipal arremetió contra la justicia. La concejal de Vivienda y Rehabilitación, Lucía Martín (BComú), tildó de "error" la orden del juez de expulsar al vecino de su casa, recordando que habían pedido dos veces la aplicación de la moratoria de lanzamientos habida cuenta la situación de vulnerabilidad del ciudadano. Los jueces contestaron que la Administración local había enviado documentación incompleta para acreditarlo. 

Protestas

El fallecimiento en Sants provocó protestas ante la Delegación del Gobierno en Cataluña ayer. Los manifestantes pidieron que el Gobierno no tumbara la ley catalana de contención, que Moncloa ha recurrido al Tribunal Constitucional. 

Sea como fuere, el resto de administraciones públicas han incumplido en realojo de personas desahuciadas. La mesa de emergencia habitacional, en la que recalan los vecinos que sufren un lanzamiento judicial, está colapsada y la lista de espera sigue creciendo, como explicó este medio