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Puigdemont y Junqueras, en Waterloo

Acusan al Gobierno de "indultar" también a los líderes del 'procés' en el Tribunal de Cuentas

PP y Cs piden explicaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez por la decisión de la Abogacía del Estado de no personarse en el proceso

5 min

La inacción del Gobierno español en la causa abierta por el Tribunal de Cuentas contra una treintena de exdirigentes y altos cargos de la Generalitat por el dinero destinado a la promoción del procés secesionista en el extranjero ha suscitado las críticas de la oposición parlamentaria, que instan al Ejecutivo a actuar para recuperar los 9,5 millones de euros que, presuntamente, se malversaron con el referéndum ilegal del 1-O y las embajadas del Govern del Diplocat.

El martes se cumplió el plazo para personarse en el proceso por ese presunto desvío de fondos, y la Abogacía del Estado ha decidido hasta ahora no hacerlo, lo cual ha llevado a dirigentes de PP y Ciudadanos (Cs) a pedir explicaciones al Gobierno.

Pregunta parlamentaria de Cs

Así lo ha hecho, por ejemplo, la formación naranja a través de una pregunta registrada en el Congreso. La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha recriminado al Gobierno que evite la posibilidad de reclamar ese dinero a dirigentes como los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras, además de una treintena de altos cargos.

En su escrito, Cs denuncia que con esta decisión la Abogacía "abandona la posibilidad de reclamar un total de 9,5 millones de euros" y critica por "precario" el argumento esgrimido en su día por el Gobierno para no presentar alegaciones en este procedimiento.

Según recuerdan, el pasado junio la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, explicó que el Ejecutivo central no estaba legitimado para hacer alegaciones, puesto que los fondos supuestamente afectados eran de la Generalitat y no de la Administración General del Estado.

"No molestar a los socios"

Cs recalca que el Gobierno central "lleva tiempo inyectando importantes cantidades de dinero" a la Administración catalana a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Por eso sostienen que el argumento del Ejecutivo sólo puede entenderse "como una excusa más en aras de no molestar ni incordiar a sus socios separatistas", y le acusan de renunciar a utilizar las instituciones para "defender los intereses del Estado".

Además, ve "incongruente" que los servicios jurídicos del Estado sí se personaran en el juicio de procés, pero ahora se argumente que deben quedarse al margen del procedimiento por responsabilidad contable abierto en el Tribunal de Cuentas.

Por su parte, el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "deslegitimar" a la Abogacía del Estado al apartarla de la causa abierta por el Tribunal de Cuentas

El PP pide explicaciones a la ministra Llop

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber concedido un "indulto económico" a los impulsores del procés, y ha pedido a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que dé explicaciones.

El PP pedirá también a la Abogada General del Estado, Consuelo Castro, que comparezca en la Cámara antes de acabar enero para explicar por qué no se ha producido esa personación, algo que Gamarra considera una "auténtica vergüenza".

A su juicio, con esta renuncia se da respuesta a la petición que hizo el líder de ERC Oriol Junqueras a Sánchez de que "no tocara los patrimonios de los involucrados en el procés".

"Ahora, tras el indulto procesal, llega el indulto económico. Estamos ante el pago a plazos del apoyo parlamentario para que Sánchez siga en La Moncloa, ante la mercantilización del Estado de Derecho sin ningún tipo de pudor", añadió la dirigente popular.

El pasado martes, el Tribunal de Cuentas comunicó que siguen personados en la causa Societat Civil Catalana y el Ministerio Fiscal. En el próximo trámite procesal, se darán 20 días para que todas las partes legitimadas puedan demandar, entre ellas, la Generalitat o la Abogacía del Estado, algo a priori poco probable.