Menú Buscar
Pásate al modo ahorro
Jordi Pujol Ferrusola / EFE

Abogacía pide 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola, pero excluye a su padre

Le atribuye cuatro delitos: falsedad documental, contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y frustración de la ejecución; mientras propone cuatro años y medio para su hermano Josep Pujol

8 min

La Abogacía del Estado pide 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola, hijo primogénito del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol Soley, en un escrito de acusación que no se dirige contra el padre, quien está procesado por los delitos de organización criminal o asociación ilícita.

En su escrito de calificación presentado ante la Audiencia Nacional, la Abogacía atribuye cuatro delitos al hijo mayor de la familia Pujol --falsedad documental, contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y frustración de la ejecución--, y pide 17 años y medio para su exesposa Mercè Gironès y cuatro años y medio para su hermano Josep Pujol Ferrusola.

7,7 millones por fraude fiscal

Por lo que respecta a la responsabilidad civil, la Abogacía reclama 7,7 millones de euros a Jordi Pujol Ferrusola y su exesposa, a pagar de forma solidaria, por fraude fiscal en el IRPF de los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012.

No obstante, Abogacía no propone ninguna pena para quien fuera presidente de la Generalitat durante 23 años Jordi Pujol Soley, a quien la fiscalía pide nueve años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo, ni tampoco para sus otros cinco hijos.

Solo delitos contra Hacienda

Aunque el auto de procesamiento de la Audiencia Nacional se dirigía contra toda la familia Pujol-Ferrusola, la Abogacía aclara que el alcance de su acusación se limita a "la presunta comisión de delitos por los que se haya ocasionado un perjuicio a Hacienda".

Por ello, acusa solo por delitos contra Hacienda y falsedades documentales relacionadas con estos --aunque incluye también el de blanqueo en el caso de los ejercicios con fraude fiscal prescrito-- y evita pronunciarse sobre el origen de la fortuna oculta, que la Audiencia Nacional atribuye a pagos de empresarios.

Empresarios en la presunta trama

Por estas razones, dirige su acusación al primogénito de la familia, su exesposa Mercè Gironès, su hermano Josep --al que aplica la atenuante de reparación del daño-- y a otros 10 empresarios que presuntamente facilitaron el fraude, entre ellos, Carles Vilarrubí y Carles Sumarroca, para quienes pide dos años de cárcel por falsificación en documento mercantil.

La Abogacía mantiene que los miembros de la familia "alegaron grandes cantidades de dinero" prevaliéndose del cargo de presidente de la Generalitat que Pujol ostentó durante 23 años, unas sumas que "distribuyeron entre sí", manteniéndolas ocultas a Hacienda.

Dinero oculto

Según la Abogacía, la "dirección operativa de la captación y distribución de los fondos fue asumida" por Jordi Pujol Ferrusola junto a su madre, Marta Ferrusola, inicialmente procesada junto al resto de su familia, pero ahora exculpada a causa de una demencia.

Los Pujol, a juicio por organización criminal
El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley y su esposa Marta Ferrusola, en una imagen de archivo

El escrito añade que la "metodología" que la familia siguió para mantener los fondos ocultos al fisco y después aflorarlos al tráfico legal se basaba en ingresos en efectivo en cuentas en Andorra y en "sistemáticos" repartos de dinero e ingresos en metálico en cuentas de terceros sin pasar por las de sus titulares.

Para garantizar la opacidad del dinero, la Abogacía cree que los Pujol se valieron de "actuaciones transnacionales", moviendo los capitales a terceros países o jurisdicciones consideradas offshore, e hicieron un "uso sistemático" de mecanismos ilícitos de compensación internacional, con "plena cooperación de los gestores de la entidad bancaria andorrana".

"Muy notable obtención de rentas"

También recurrieron, añade la acusación, a "cualificados profesionales o expertos en la creación de estructuras comerciales" para aflorar el dinero obtenido de forma ilícita e integrarlo en "negocios legales".

El escrito, firmado por la jefa de lo Penal de la Abogacía, Rosa María Seoane, que la representó en el juicio del procés, señala la "muy notable obtención de rentas" por parte de Pujol Ferrusola, con la "imprescindible colaboración de quien era su cónyuge, Mercè Gironès, sin motivación económica alguna que las soporte".

Sociedades instrumentales

El escrito describe las diferentes "fuentes de ingresos" percibidas por el primogénito de la familia Pujol, que llegó a estar ocho meses en prisión preventiva por estos hechos, y añade que el "embolsamiento de fondos" se articuló a través de sociedades instrumentales, "carentes de medios personales ni materiales suficientes ni adecuados para prestar ningún servicio".

Concretamente, cita facturas emitidas por sociedades a empresas constructoras, adjudicatarias de contratos públicos, "préstamos ficticios" a su favor, ventas de participaciones mediante sociedades interpuestas u operaciones en México, entre otros.

Cuentas en Andorra y otros países

El escrito afirma que inicialmente la familia tenía el capital "ilícitamente obtenido escondido en distintos productos bancarios y cuentas abiertas en otras entidades en distintos países, Andorra entre ellos", que posteriormente fueron alimentando con dinero en efectivo para "garantizar la opacidad".

La familia Pujol, agrega el escrito, abrió de forma simultánea cuentas en Andorra "para ir distribuyendo el patrimonio obtenido ilícitamente" y después las cerraron siguiendo las instrucciones de Jordi Pujol Ferrusola, mediante reintegros en efectivo "para tratar de impedir la trazabilidad de los fondos".

Estructuras societarias "absolutamente opacas"

La mayoría de miembros de la familia movió entonces los fondos a Banca Privada d'Andorra (BPA), donde abrieron nuevas cuentas, y "en un momento posterior" adquirieron "estructuras societarias absolutamente opacas a las que transfirieron sus capitales".

"Dos años más tarde terminaron cerrando, también todos simultáneamente, estas estructuras fiduciarias, a finales de 2014", según el escrito, que detalla que varios de los miembros de la familia regularizaron su situación tributaria acogiéndose a la amnistía fiscal de 2012.

No obstante, precisa, Josep Pujol Ferrusola lo hizo "de forma incompleta e inexacta" y su hermano no solo no lo hizo sino que, una vez abierta la investigación penal contra él, siguió "con la estrategia de ocultar sus fondos, canalizándolos en ese momento hacia México".