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Los doce acusados del juicio del 'procés', durante la intervención de la abogada del Estado, Rosa María Seoane / CG

La Abogacía del Estado: “Es un juicio con todas las garantías”

La acusación estatal rechaza la "criminalización" de las libertades de los 12 acusados y hace hincapié en el carácter "penal" del macroproceso

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La abogada del Estado Rosa María Seoane, quien este miércoles ha intervenido en el trámite de cuestiones previas en el marco de la segunda jornada del juicio del procés, ha tomado el testigo de la exposición efectuada previamente por la Fiscalía y, al igual que los representantes de la acusación pública, ha manifestado que esta vista es “un juicio con todas las garantías que no merece ninguna otra calificación” puesto que su objetivo es “el cumplimiento del ordenamiento jurídico” y el enjuiciamiento, “única y exclusivamente, de unos hechos que, concatenados entre sí, se subsumen en diversos tipos delictivos”.

En una intervención eminentemente técnica, Seoane, quien el pasado mes de diciembre fue designada para dirigir la acusación estatal en este proceso judicial en sustitución de Edmundo Bal --que, como la Fiscalía, era partidario de imputar un delito de rebelión en el marco de esta causa--, ha recriminado que, durante la exposición de alegatos por parte de las defensas, éstas “nos trataran de hacer ver que, desde el inicio, se han criminalizado distintas actuaciones que encajaban en los distintos derechos fundamentales como la libertad ideológica, política, el ejercicio de la libertad de expresión, de reunión e incluso el derecho a la protesta. Nada más lejos de la realidad”.

"No se vulnera la presunción de inocencia"

“Nos vemos obligados a defender este proceso y un ejercicio del derecho penal democrático frente al derecho penal del enemigo tan invocado ayer y que huelga por su ausencia”, ha remarcado la letrada.

La representante de los servicios jurídicos del Estado ha continuado su alocución defendiendo que no se ha producido vulneración alguna y, más en concreto, del derecho a la presunción de inocencia de los inculpados, después de que las defensas invocaran ayer la directiva europea 2016/343, que regula determinados aspectos de la presunción de inocencia así como el derecho a un juicio justo, a raíz de diversas manifestaciones que durante los últimos meses se han vertido, desde diversos ámbitos, en torno al papel de los acusados.

Rebate a las defensas

Seoane ha apuntado que estas manifestaciones “deben interpretarse en un contexto determinado y no porque nos beneficie decirlo” y, en concreto, se ha referido a las palabras pronunciadas el pasado mes de diciembre por la secretaria de Estado de España Global --nueva denominación de la Marca España--, Irene Lozano, quien en una entrevista en la BBC se refirió a los acusados como convicted (condenado, en inglés) y les acusó de haber actuado de forma delictiva pese a no haberse celebrado aún el juicio del 1-O. La abogada ha rebatido la consideración de las defensas al manifestar que con esta expresión Lozano no se dirigía a ningún procesado en concreto y que con ella tan sólo pretendía hacer alusión a la “inminencia” de la vista oral.

Seoane ha apelado asimismo a la legitimidad de la Abogacía para acusar de un delito de sedición y no sólo de malversación de caudales públicos, respondiendo de este modo a la defensa del presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, que alegó que su patrocinado está inculpado “de forma indebida” por el Estado. En concreto, la acusación particular reclama ocho años de cárcel para Cuixart por el delito de sedición. “Debe desecharse la pretensión de expulsión de la Abogacía”, ha incidido la letrada.