Menú Buscar
La petición de una candidatura independentista atomiza este espectro ideológico / EFE

Los siete misterios del ‘procés’

La compra de 8.000 urnas puede suponer un gran paso para el referéndum, pero en realidad es un pequeño paso en un proyecto secesionista cargado de incógnitas y opacidades

8 min

A cuatro meses de la fecha señalada para celebrar un referéndum de autodeterminación, poco o nada se sabe de los preparativos que lleva a cabo el Gobierno catalán. Entre otras cosas, porque la pugna entre PDECat y ERC hace peligrar la pretendida responsabilidad coral de un procés lleno de opacidades e incógnitas. El veto de las formaciones independentistas a los órganos parlamentarios encargados de indagar en esa construcción del Estado propio, como es el caso de la llamada comisión Vidal, abundan en ese secretismo.

1 ¿Quién será el responsable de las urnas? Aunque sacar a concurso la compra de 8.000 urnas para celebrar un referéndum de autodeterminación supone un avance, lo cierto es que todavía se desconoce qué departamento firmará finalmente el contrato. La Consejería de Gobernación (PDECat) rubrica la convocatoria, pero la responsable del gasto público es la Vicepresidencia económica, cuyo titular es Oriol Junqueras (ERC). Existe una pugna entre convergentes y republicanos respecto a qué departamento debe asumir la responsabilidad administrativa y, por tanto, penal, dado que la fiscalía ya ha anunciado que presentará una querella por malversación, prevaricación y desobediencia.

Junqueras quiere que la responsabilidad sea coral –y así se dispuso en un acuerdo de Gobierno el pasado 21 de marzo suscrito por Presidencia, Vicepresidencia y la Consejería de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores--, pero PDECat, que ya sufrió las consecuencias judiciales de convocar la consulta del 9N, no lo ve claro y quiere órdenes por escrito. Junqueras se niega

2 ¿Datos fiscales ilegales? Los votos de Junts pel Sí y la CUP impidieron ayer con sus votos que prosperara en el Parlamento catalán la llamada comisión Vidal, que debe su nombre a las declaraciones del exsenador de ERC y magistrado Santiago Vidal. Éste aseguró que la Generalitat había obtenido datos fiscales de los catalanes de forma ilegal de cara a la construcción del futuro Estado independiente. Vidal, que tuvo que cesar de sus cargos, provocó una tormenta política que todavía dura.

El vicepresidente Junqueras negó taxativamente que se hayan utilizado procedimientos ilegales, pero quedó sembrada la semilla de la sospecha respecto a los procedimientos que está utilizando la Generalitat para levantar sus “estructuras de Estado”. El frustrado intento de crear una comisión de investigación echa tierra sobre los planes de la Generalitat y, según los grupos de la oposición, supone un fraude democrático. Para los grupos que forman JxSí, esa comisión estaba pensada para hacer el trabajo sucio a la fiscalía.

3 ¿Qué dice la ley de desconexión? La gran incógnita del procés es el contenido del proyecto de ley de transitoriedad que pactaron JxSí y la CUP, la más importante de la hoja de ruta secesionista, pues representa la arquitectura jurídica con la que el Govern pretende pasar de las leyes españolas a las catalanas. Esta norma, que incluye la regulación del referéndum, permanece escondida a la espera de ser aprobada en una sola votación en el Parlamento por la vía de urgencia. Sus impulsores han hecho valer su mayoría para evitar el debate mediante una reforma del reglamento del Parlament que rechazan PP, PSC, CSQP y Ciudadanos, y reducir la capacidad de reacción de las instituciones del Estado. La aprobación exprés de esta ley de desconexión está prevista en junio.

4 ¿Qué información suministra el Govern a los mandatarios internacionales? Uno de los pilares del procés es buscar apoyos internacionales. Pero la Consejería de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores, que dirige Raül Romeva, no informa de los contactos mantenidos ni de los memorándums sobre el proyecto secesionista que, se sabe, ha enviado a diferentes países explicando las reivindicaciones identitarias de Cataluña. La Mesa del Parlamento catalán tuvo que activar su Órgano de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, que instó a Romeva a facilitar esa información a la oposición, pero ni por esas.

5 ¿Hay negociación con el Gobierno español? Aunque el presidente Carles Puigdemont aseguró que agotaría la vía del diálogo, poco o nada ha avanzado en este sentido. Solo consta una reunión “secreta” entre el dirigente catalán y el presidente Mariano Rajoy el pasado 11 de enero en la Moncloa. Pero la confirmación de ese encuentro se hizo de rogar. El mismo día en que la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, negaba esos contactos, trascendía que, en efecto, ambos mandatarios se habían reunido.

Por el contrario, el vicepresidente Oriol Junqueras ha sido más activo e incluso se ha ganado una cierta reputación negociadora en Madrid. Sea por tacticismo, sea por que ya se ve presidente de la Generalitat, lo cierto es que Junqueras mantiene una cordial relación con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, protagonista de la llamada operación diálogo con Cataluña.

6 ¿Qué hacen las diferentes consejería por el referéndum? Pese a que la responsabilidad coral del referéndum quedó escenificada el pasado 21 de abril en un acto en el Pati dels Taronjers del Palau de la Generalitat, en el que todos los consejeros firmaron una convocatoria informal de la consulta, se desconocen los avances que se han hecho en este sentido. El citado acuerdo de Gobierno del 21 de marzo establece esos trabajos interdepartamentales, pero los consejeros se niegan a publicar sus agendas, es decir, los contactos que realizan, más allá de sus actos protocolarios. De nuevo, la oposición intentó en el Parlament obligar al Govern a divulgar sus agendas, pero la mayoría independentista lo impidió.

7 ¿Tiene fecha y pregunta el referéndum? Se especula con la convocatoria de un referéndum para las semanas posteriores a la Diada del 11 de septiembre, convertida en fecha icónica del independentismo. Pero a cuatro meses de esa supuesta celebración, nada se sabe de los preparativos. Tal como recordó el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en la última sesión de control del Govern celebrada en el Parlamento catalán, la consulta del 9N se convocó un año antes, es decir, el 12 de diciembre de 2013. De momento, no hay fecha ni pregunta y, por mucho que la CUP ha insistido en ello, la Generalitat no suelta prenda, abultando así la opacidad de un procés que entra en la recta final.