El 43% de las mujeres que trabajan en la Generalitat tienen contrato temporal

El 43% de las mujeres que trabajan para la Generalitat de Cataluña tienen contrato temporal, según los datos facilitados por la Plataforma de Interinos de Cataluña (PIC) con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El 70,21% del personal temporal que trabaja en el conjunto de las administraciones públicas catalanas son mujeres: 67.986 del total de 96.822 personas actualmente en precario. La mayoría, interinas: 49.420. El resto, 18.566, laborales temporales. Son datos oficiales publicados por el Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat. La última actualización corresponde a 1 de enero de 2020 y, según advierte la PIC, "no refleja adecuadamente la situación de hoy en el sector público, tras un año 2020 convulso debido a la pandemia de la Covid-19, que ha forzado a hacer más contratos temporales para reforzar la respuesta de la Administración ante la crisis".

La administración de la Generalitat emplea a 113.465 mujeres, lo que supone un 67% del total del personal. De éstas, un 43% tienen un contrato temporal. Los sectores más feminizados (donde las mujeres representan a más del 70% de la plantilla) son instituciones sanitarias, personal docente, administración de Justicia y administración y técnicas, donde la temporalidad alcanza el 50%.

La media de edad en estos sectores es de 46,9 años, edad en la que hay cargas familiares y donde la reincorporación al mercado laboral es más difícil.

Tasa de temporalidad en Cataluña

Según el Instituto Nacional de Estadística, 2020 finalizó con una tasa de temporalidad del 26% en Cataluña; del 29,9% en el conjunto del Estado. "Desgraciadamente, con estos datos, la reivindicación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora sigue siendo, ahora mismo, muy vigente". Estos datos, afirman, "son alarmantes, pero aún lo es más el proceso de convocatoria masiva de oposiciones. Unas convocatorias que afectan a los puestos de trabajo de las mujeres en abuso de temporalidad y con el que la Administración ha pretendido solucionar el problema endémico de la precariedad en el sector público que, a diferencia del sector privado, no dispone de la sanción ante el abuso a que obliga la Directiva 1999/70 / CE de 28 de junio de 1999, sobre trabajo de duración determinada".

Por lo tanto "miles de trabajadoras públicas están absolutamente desprotegidas ante el abuso de las administraciones empleadoras".