El ‘xiringuito’ o la aristocracia republicana

Joaquín Romero
6 min

Los políticos que gestionan la Generalitat se han acostumbrado a utilizar el dinero público y la propia institución a su antojo tomando decisiones impensables en otras latitudes. La vulneración de los criterios más elementales de prudencia y del sentido común son constantes.

Lo acabamos de ver con el uso de los recursos del Institut Català de Finances (ICF) para salvar de las responsabilidades económicas a quienes desde el Govern malversaron para la difusión internacional del procés. No es cierto que con esa fórmula se da seguridad a quienes ejercen cargos públicos durante el desempeño de los mismos. Para eso ya existen pólizas de seguros normales y corrientes, contratos que lógicamente no cubren ilegalidades.

Lo que subyace en la decisión de retorcer la ley al máximo a ver si cuela y, en caso negativo hacerse la víctima, es la convicción de que pueden hacer lo que quieran; que las leyes no están hechas para ellos, ni siquiera las normativas sanitarias, como hemos podido ver hace pocos días.

Es una sensación de impunidad que viene de atrás, de antes incluso del caso 3% y del enriquecimiento de la familia Pujol. Quizá nació cuando Felipe González tuvo que aceptar en 1984 que Jordi Pujol tenía bula popular. Pese a estar encausado por la quiebra de Banca Catalana obtuvo una mayoría absolutísima en las elecciones autonómicas y llenó de seguidores enfurecidos la plaza de Sant Jaume para explicar a Madrid que en adelante él definiría el significado de la palabra dignidad en Cataluña. Y ya vimos después exactamente qué quería decir.

No es solo el aval, ni siquiera la burla de la Universidad Catalana d’Estiu (UCE), donde la Generalitat se ha dejado más de 750.000 euros en los últimos cinco años para adoctrinar a jóvenes que pasan unos días de asueto en la localidad turística de Prades (Francia). Ahora convoca la 53ª edición, como si en España no se celebraran elecciones democráticas desde hace 44 años.

La consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera (JxCat), acaba de nombrar a David Goicoechea, un cabo de los Mossos d’Esquadra, asesor del departamento con un sueldo anual de 86.317 euros (55.750 como retribución base y otros 30.567 de complemento directo). Se da la circunstancia de que este agente era uno de los que protegía a Carles Puigdemont en el extranjero cuando huyó de la justicia y estaba en búsqueda y captura.

Su compañero Lluís Escolà, sargento del cuerpo de la policía autonómica, que también acompañó al fugado, ocupó una regalía semejante: fue asesor del entonces conseller de Interior, Miquel Buch, a cambio de 60.000 euros anuales. Una decisión que la fiscalía consideró arbitraria y por la que ha pedido seis años de cárcel para Buch y cuatro y medio para el policía. El agente seguía escoltando a Puigdemont mientras cobraba como asesor del Govern. El único trabajo que pudo aportar como prueba de su labor ante el juez fue un informe de corta y pega de otro anterior, ajeno, bastante flojo.

Una de las primeras decisiones de la señora Cervera al entrar en la conselleria fue nombrar directora general de Acción Cívica a Xesca Domènech, esposa de Miquel Buch, quien a su vez ha sido designado hace apenas unas semanas presidente de la empresa pública Infraestructures.cat, que depende del Departamento de Economía dirigido por Jaume Giró (JxCat). Un sector vital para la economía del país y en el que el exalcalde de Premià de Mar nunca ha trabajado.

Todo el mundo recordará la carcajada que provocó el nombramiento de Toni Cantó como director de la Oficina de Defensa del Español con una retribución anual de 75.000 euros. Isabel Díaz Ayuso le montó un chiringuito para compensar su cambio de chaqueta, que por cuestiones formales no había podido ser debidamente pagado con un escaño en la Asamblea de Madrid.

Aquella astracanada fue motivo de risa y descalificación. ¿Qué consideración debe merecernos este goteo constante de prebendas por parte de la Generalitat? ¿No es aún más sangrante que quienes dicen defender los valores republicanos --todos los ciudadanos iguales ante la ley-- estén creando una nueva aristocracia popular basada en los servicios prestados al procés? Y con dinero público. ¿Es peor el chiringuito que el ‘xiringuito’?

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¿Quién es... Joaquín Romero?
Joaquín Romero

Periodista desde 1975. Fue redactor de Tele/eXprés y El Correo Catalán, entre otras publicaciones. Ha sido redactor jefe de El Periódico de Catalunya entre 1994 y 2014. También ha sido director de Crónica Global.