El nombramiento de Josep Lluís Trapero como jefe de los Mossos d’Esquadra no debería tomarse a la ligera. Su vuelta es un claro aviso a navegantes lanzado por el independentismo catalán. Es una forma más de decirle al Estado que lo volverán a hacer en cuanto tengan oportunidad.
No deberíamos olvidarnos de que --a pesar de que la Audiencia Nacional le absolvió de las acusaciones de rebelión, sedición y desobediencia; eso sí, por los pelos: dos a uno en la votación de los magistrados que le enjuiciaron--, Trapero fue el responsable de que los Mossos d’Esquadra dejaran solas --absolutamente solas-- a la Guardia Civil y a la Policía Nacional el 1-O tratando de impedir el referéndum secesionista ilegal como ordenó la justicia.
Mientras los antidisturbios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se jugaron el tipo frente a las hordas de independentistas que les impedían por la fuerza retirar las urnas e incluso les atacaban con violencia, los 17.000 agentes de los Mossos se pusieron de perfil y en algunas ocasiones hasta se encararon con los guardias civiles y policías nacionales.
Las imágenes de binomios de los Mossos dando media vuelta tras constatar que una turba de radicales protegían los locales de votación y retirándose entre aplausos de los fanáticos son indignas de una policía de un país occidental. A pesar de los innumerables focos de resistencia agresiva por toda Cataluña aquel 1 de octubre, los Mossos no realizaron ni una sola carga para impedir la votación. Ni una sola.
También fue intolerable la pasividad de los Mossos d’Esquadra ante el asedio a la comitiva judicial en la Consejería de Economía que se prolongó durante horas y horas el 20 de septiembre --de hecho, duró desde la mañana del 20 hasta la madrugada del 21--. Fue la policía autonómica la que permitió ese acoso sin precedentes en Europa. Y quien tenía la última palabra en la actuación de los Mossos era Trapero.
A estas alturas, podemos concluir sin equivocarnos que Trapero tuvo en su mano sofocar el levantamiento tumultuario de aquellos días (que es como el Código Penal define la sedición, delito al que fueron condenados los líderes del procés) pero no lo hizo, como todos pudimos constatar, y prefirió no molestar demasiado a sus jefes políticos. Ahora estos se lo agradecen recolocándolo de nuevo en su antiguo puesto. Una evidencia más de que no hizo lo que debía.
Basta comparar aquellas actuaciones de los Mossos con la respuesta contundente que dieron --al alimón con la Guardia Civil y la Policía Nacional-- durante los disturbios independentistas de octubre de 2019. Unas intervenciones que --a diferencia de las anteriores-- sí generaron la ira de Torra.
Sobre el presunto plan que el jefe de los Mossos tenía preparado para detener al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (hoy huido en Bélgica), si así se lo hubiese ordenado la justicia --y que nadie ha visto--, ya hemos oído al actual consejero de Interior de la Generalitat. Según Sàmper, ese plan fantasma que esgrimió Trapero durante el juicio no es más que una “táctica de defensa”. Lo que deja en papel mojado la supuesta autocrítica del jefe de los Mossos al asumir de nuevo su cargo (“todos lo pudimos hacer mejor, en primer lugar yo. Debemos ser más claros, para que nuestras actitudes no dejen margen a una mala interpretación”). Una justificación que suena a guasa y tiene un punto de recochineo.
La alegría del presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès (cuyo líder, Oriol Junqueras, recordemos que cumple condena por el intento de secesión unilateral), por la vuelta de Trapero es una muestra de por dónde van los tiros. Y el júbilo desbordante de la tertuliana Pilar Rahola (una de las más influyentes activistas del procés en la sombra y compañera de fiestas de Trapero) confirma que la absolución y restitución del jefe de los Mossos es una mala noticia para la convivencia en Cataluña.
Los constitucionalistas deberían tomar nota. Blanquear a una de las piezas clave del procés es un error. Y si no, al tiempo.
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