Hay que votar alguna cosa. Esa es la posición de la mayoría de los terceristas (los partidarios de negociar con los nacionalistas) en Cataluña y en el resto del país. Ese será el próximo paso. Después de otorgar los indultos, de desmantelar el Tribunal de Cuentas y de ceder otro puñado de competencias, nos irán preparando para votar alguna cosa parecida a un referéndum secesionista.
El presidente Sánchez aseguró este miércoles que “no habrá referéndum de autodeterminación” porque el PSOE “nunca jamás lo aceptará”. Pero hay otras fórmulas para celebrar algo semejante. Podría ser una consulta no vinculante, un referéndum de ratificación de una reforma del Estatuto en clave plebiscitaria, o alguna otra triquiñuela imaginativa que se saquen de la manga.
La vicepresidenta Carmen Calvo no ha descartado celebrar un “referéndum consultivo” en Cataluña apelando al artículo 92 de la Constitución --para lo que habría que retorcerlo sin piedad ni vergüenza--. El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha admitido que “se ha hablado” de una “consulta pública” sobre “los acuerdos que se pudieran adoptar en la mesa entre Gobierno de España y Generalitat”. Y el ministro de Política Territorial y Función Pública y líder del PSC, Miquel Iceta, ha apostado por un referéndum “sobre autogobierno”.
De lo que no hay ninguna duda es de que las palabras de Sánchez no son ninguna garantía. Basta con recordar que hace apenas unos meses Sánchez rechazaba radicalmente los indultos a los presos del procés. Poco antes, incluso aseguraba que habían cometido un delito de rebelión. Y, años atrás, arremetía con vehemencia contra los indultos políticos. Sin embargo, hace unos días firmó la medida de gracia para los sediciosos sin importarle un rábano lo prometido.
Con estos precedentes, no es descabellado pronosticar que el Gobierno acabe promoviendo algún tipo de consulta o votación en Cataluña que el independentismo pueda presentar a sus prosélitos como homologable a un referéndum secesionista o de autodeterminación. Al fin y al cabo, Podemos siempre lo ha defendido, es una de las exigencias insoslayables de los nacionalistas para avanzar en el diálogo y recuperar la concordia, será uno de los temas principales de la mesa de negociación entre Gobierno y Govern, y la envainada de los indultos se justificó con ese mismo motivo: avanzar en el diálogo y recuperar la concordia.
Además, el PSC --que es quien marca la política del PSOE respecto a Cataluña-- no hace tanto tiempo que apoyaba la celebración de un referéndum secesionista. En 2012, los socialistas catalanes, con Pere Navarro al frente (hoy presidente del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona), abogaban por “el derecho a decidir a través de un referéndum acordado en el marco de la legalidad”. Y en 2013, el portavoz del PSC en el Parlament, Maurici Lucena (hoy presidente de Aena), señalaba que "se debe dar una salida política que pasa, inevitablemente, por una consulta al pueblo catalán". En aquellos meses, PSC y PSOE protagonizaron choques sonados en el Congreso, votando a favor y en contra, respectivamente, de celebrar un referéndum secesionista en Cataluña. Y aquellas propuestas del PSC no difieren un milímetro de las que hoy plantean Puigdemont, Rufián, Torra, Borràs, Junqueras, Canadell, Turull y compañía.
En el fondo, lo sorprendente es que sea el PP quien se oponga a la deriva socialista: si Cataluña y País Vasco se independizaran, es probable que los populares gobernasen lo que quedara de España con cómodas mayorías durante décadas. Al igual que Cameron y los tories eran los más interesados en quitarse Escocia de encima por el mismo motivo, y por eso promovieron el referéndum de 2014 mientras el pobre ex primer ministro laborista Gordon Brown se dejó el pellejo para que los indepes no ganaran aquella votación.
Así pues, llámese consulta no vinculante sobre los acuerdos de la mesa de negociación o votación sobre el autogobierno o para la ratificación de un nuevo Estatuto, la celebración de un referéndum o pseudorreferéndum secesionista es un escenario verosímil. Y su resultado, aunque no fuera jurídicamente vinculante, sí lo sería políticamente. Y así lo utilizaría el independentismo dentro y fuera de España, pues hecho el primero ya no habría freno para lograr una consulta vinculante y repetir las votaciones una y otra vez hasta conseguir la mayoría de la ruptura, como podemos ver en Escocia.
Un referéndum de independencia de una parte del país supone renunciar a la soberanía nacional por parte del resto de los conciudadanos. Y solo sería posible llevarlo a cabo si se cuenta con su consentimiento explícito (mediante reforma constitucional) o implícito (dando apoyo a partidos dispuestos a hacerlo de forma subrepticia).
Esto ya ha ocurrido en el caso de los indultos. El partido promotor del perdón a los sediciosos apenas ha sufrido castigo en los sondeos demoscópicos, al igual que sus socios de Podemos.
Es decir, si finalmente se celebra un referéndum secesionista o algo similar, implicaría que la mayoría de los españoles están dispuestos a jugarse la continuidad de su nación a la carta de una (o más) votación en un territorio infestado de nacionalismo hasta los tuétanos.
Y un país que arriesga su supervivencia de esa forma tan absurda no merece continuar existiendo como tal.
Si los ciudadanos del resto de la nación admiten esa última concesión al nacionalismo catalán, conllevaría abandonar a su suerte a los constitucionalistas de Cataluña, los sacrificados habituales. Por lo que la respuesta más racional de estos no debería ser otra que la desconexión total y definitiva. En esa coyuntura --insisto, no descartable por disparatada que parezca--, no vale la pena seguir plantando cara a los independentistas.
Ante esa situación, no tengo ninguna duda: yo me despojaría de cualquier resto de afectividad hacia mi país que me quedara. Yo votaría por la ruptura. Yo votaría sí a la secesión de Cataluña.
