Este medio adelantó el 27 de agosto que la gran patronal catalana Foment del Treball Nacional emitiría unos días después un documento crítico con la deriva independentista del país. El manifiesto se publicó (y le seguirán otros de CEOE y Cámara de Comercio de España) en el sentido que habíamos avanzado.

En las redes sociales, la radicalidad y el activismo independentista no tardó en despertarse para desacreditar la posición patronal. Los argumentos fueron múltiples, pero en síntesis (y para no reproducir tanta estulticia) se acusaba a la organización de no ser representativa de la realidad productiva del país; de vivir a la sombra de las grandes compañías; y a sus dirigentes de ser unos paniaguados vividores.

Es obvio que bajo el paraguas de Foment del Treball se agrupan intereses. Es parte intrínseca de su legitimidad. Negarlo o decir que no son interesadas sus manifestaciones sería otra estupidez similar a las que pronuncian sus críticos. Justo por eso es relevante que la mayor organización empresarial de Cataluña se manifieste de una forma u otra sobre lo que nos aguarda el 27S.

El 90% de los trabajadores con convenio colectivo en Cataluña están empleados a empresas adscritas a Foment del Treball

Decir que la gran patronal no lo es, y en cambio otras organizaciones pequeñas y de menor enjundia sí que representan una determinada Cataluña empresarial es un acto de mala fe o de ignorancia imperdonable sobre la atomización de una parte del empresariado. Hasta el propio Artur Mas lo dijo la noche del sábado en una entrevista televisada en la que retorcía la verdad hasta hacerla coincidir con sus intereses actuales.

Foment del Treball es la asociación con más historia y representatividad acreditada de Cataluña. El 90% de los trabajadores catalanes que están sujetos a convenios colectivos pertenecen a empresas asociadas de forma directa o indirecta (por sector productivo o territorio) a Foment.

El propio Jordi Pujol intentó durante muchos años crear una patronal de obediencia nacionalista. Tras muchos estiras y aflojas, y gracias al voluntarismo de Josep González, acabó encajando Pimec con Sefes, que dio lugar a la actual Pimec. De varias cosas el ex presidente sabía mucho. Entre otras de con quién estaba y cómo opinaba el empresariado de su país. Por eso, y forzando la máquina, acabó dándole a Pimec una representatividad institucional equivalente al 25%. El resto, por supuesto, y mientras se aclaran algunas resoluciones, corresponde a Foment.

El llamado 'Manifest del Far' fue una 'photo oportunity' de las pequeñas patronales con la candidatura de Mas y Junqueras

La pasada semana tres organizaciones vinculadas al mundo de la empresa (Pimec, Cecot y Femcat) se inventaron la reedición del llamado Manifest del Far, que viene a ser, para que nos entendamos, el apoyo del soberanismo a Mas y a su lista con Oriol Junqueras. Primero admitieron el ya manido derecho a decidir (ninguno lo aplicará en el seno de su empresa, ni en un consejo de administración, ni ante los sindicatos…) y, ahora, en plena carrera electoral, les conceden a los líderes de CDC y ERC la photo oportunity que necesitaban para pregonar que están avalados por un hipotético corpus económico-empresarial.

Femcat son una cincuentena de patronos, casi todos ellos de segunda generación en empresas familiares, a los que les escuece sobre todo no haber tenido acceso directo y gracioso a los órganos de gobierno de Foment. Tan preocupados como están por la política, en su día quisieron asaltar la patronal y no de la manera más ortodoxa desde una perspectiva democrática.

Cecot, es una antigua patronal de Terrassa con ínfulas expansionistas. Soportada por pymes del área del Vallès y activos en lo institucional han suscrito también ese manifiesto de corte independentista. Antoni Abad, su actual presidente, es un convergente histórico. Fue en las listas al Congreso por CDC y aunque no llegó a ejercer de diputado sí que presidió la sectorial de industria del partido durante años. Recuerdo cómo me confesó que su aspiración era ser conseller de algún área económica del Govern dels millors. Mas pasó de él (que sin duda lo hubiera hecho mejor que Francesc Xavier Mena), pero Abad sigue prestándole los servicios nacionalistas que convengan.

Mención aparte merece el papel de Josep González, a quien me une desde hace muchos años una sincera amistad. Quizá por eso no perciban la crudeza crítica que correspondería al evaluar la actuación de su entidad. El presidente de Pimec parece en los últimos años más preocupado por las cuestiones relativas a la politiquería local que por los retos empresariales reales. Han hecho algunas cosas bien, con respecto a la morosidad, al apoyo a quienes en el ámbito empresarial lo pasaron mal con la crisis, pero siguen empeñados en cometer errores sobre la dimensión política de su organización. Así sucedió con la encuesta sin valor empírico que publicaron, con el acto que convocaron como una reivindicación empresarial y acabó medio reventado al grito de ‘Independència’, etcétera.

González tuvo a los Sumarroca en su junta directiva. Incluso más recientemente se le colaron los radicales indocumentados del Cercle Català de Negocis hasta que logró sacarlos con cajas destempladas (aún se recuerdan las carcajadas que producían los sermones ante empresarios de uno de ellos que decía un par de años atrás que Cataluña sería independiente al siguiente verano y que la crisis se acabaría gracias a la inversión inmobiliaria que los países harían en Barcelona para establecer sus embajadas…).

Pimec parece confundir la necesaria proximidad al poder con la obediencia servil. Se equivocan, su papel debería ser otro: la neutralidad crítica. Y una cosa es tratar con un gobierno y otra diferente someterse a sus intereses ideológicos incluso cuando se arriesgan los intereses de los mismos asociados de la pequeña patronal.

Proseguir por esa vía puede limitar el crecimiento de Pimec, que hasta la fecha había sabido distanciarse del entreguismo de Cecot. Ser vista como la patronal independentista puede granjear alguna simpatía política, pero pone nerviosos a los asociados y restringe las posibilidades de captar nuevos.

Miquel Valls ha sido más inteligente en esta ocasión y ha dejado de lado el manifiesto. El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona no ha querido darle cobertura a un acto de precampaña de una parte sólo de la sociedad catalana.

Para los organizadores e impulsores de la charlotada pseudoempresarial (Ramon Carbonell, de Femcat, y Oriol Guixà, CEO de Lafarga Lacambra) el servicio a Mas y al indepentismo está hecho. Tienen escaso peso real en la economía, pero son ruidosos y ambiciosos.

La diferenciación entre la política y la economía real constituye la mayor independencia y uno de los activos intangibles más preciado de un país. Así, por ejemplo, ha sobrevido Italia a momentos democráticos muy convulsos.

Cada empresario votará, como ciudadano, lo que le plazca el próximo 27S. Sus votos valen exactamente igual que los de cualquier otro catalán. Pero, como colectivo, no están de forma mayoritaria por el invento, ni tan siquiera divididos por mitad. En su condición de empresarios sopesan intereses y evalúan riesgos diferentes al resto de la población. Y eso será así por más que, de nuevo, alguna prensa afín y los medios públicos retuerzan los hechos para amparar otra gran operación de marketing político con las patronales como protagonistas.