Quim Torra acudió ayer a su televisión amiga para exigir al presidente Pedro Sánchez una reunión “urgente”. ¿A qué vienen esas prisas?, cabe preguntarse. ¿Ha decidido desbloquear las relaciones? ¿Acaso quiere negociar un nuevo modelo de financiación autonómica? ¿Quizá acelerar las reuniones bilaterales para aprobar medidas sociales y económicas?

No. Nada de eso. El dirigente independentista exige al líder socialista que libere a los presos del 1-O. Que Torra no entiende de separación de poderes es algo que ya se vislumbró en aquella Ley de transitoriedad jurídica que debía entrar en vigor tras el referéndum. Nunca será citado suficientemente ese andamiaje de la nueva república catalana, donde el ejecutivo debía asumir el control absoluto de jueces y fiscales.

Torra, incapaz de juntar dos o más palabras que no incluyan el vocablo autodeterminación, no tiene autoridad moral ni política para exigir nada al presidente Sánchez. Su relevancia en el escenario español es nula, pues cabe recordar que Junts per Catalunya ni siquiera tiene grupo parlamentario en el Congreso. Y a nivel europeo, la repetida invocación de ese informe no vinculante de la ONU sobre los presos independentistas demuestra la soledad del president ante un panorama internacional donde la causa secesionista no figura en ninguna agenda oficial ni siquiera parlamentaria. Que Carles Puigdemont y Toni Comín se cuelen en el Parlamento europeo invitados por su fiel escudero, Ramon Tremosa, da para echar unas risas.

Lo que ya no hace tanta gracia es la falsa negociación con ALDE para regresar a ese eurogrupo que expulsó a los convergentes por corruptos. Nada de eso hay, y lo saben. Mantienen ínfulas diplomáticas, eso sí, los independentistas, pues el consejero de Asuntos Exteriores, Alfred Bosch, firma en publicaciones europeas como minister for foreign affairs of Catalonia. Raül Romeva, que también ejerció ese cargo, también firmaba así en determinados convenios internacionales. Aunque tampoco hay que darle demasiada importancia a eso, pues cuando presidía la Generalitat, Puigdemont rubricaba sus acuerdos con la ONU, Unesco y Unicef en representación de “la Generalitat de Cataluña (Reino de España)”.

Sí, con la ONU. A quien pagó la interesante cifra de 100.000 euros hace dos años. Una inversión de futuro, como se ha visto después.

Irrelevancia europea, a nivel español y también doméstica. El partido de Torra pinchó en las elecciones municipales. Si el independentismo ganó en Barcelona, como dice la consejera de Presidencia, Meritxell Budó --se lió, efectivamente, e hizo el ridículo con sus cuentas, pero no hay mal que una escapada a Suiza y una buena cena no cure--, ¿a qué esperan Junts y ERC para articular una alternativa en el Ayuntamiento? La realidad es que los socios de Govern no suman en la Ciudad Condal, algo que parece agradar a los republicanos, que buscan otros aliados. Eso parece irritar a los independentistas más irredentos, pero hoy un sabio periodista, retirado de la trinchera política, me recordaba que Jordi Pujol fue investido con los votos del PP y la abstención de ERC.

Lo dicho, que el secesionismo tiene poca legitimidad para criticar determinadas cosas y, sobre todo, para meter prisa a Sánchez cuando las cosas en Palau van despacio, muy despacio. Lo vimos en el penoso balance que hizo Torra el pasado martes de su primer año de mandato. De nuevo, pone el pie en el acelerador del procés, pero ralentiza todo aquello que tenga que ver con las políticas sociales.