Las primeras noches sin toque de queda en Cataluña se han saldado con el desalojo de miles de personas (solo en Barcelona se habla de 6.000) que estaban de fiesta en la calle por parte de Mossos d’Esquadra y cuerpos de seguridad local. Los problemas de convivencia entre el ocio nocturno y los vecinos es una constante en cualquier localidad. Más, en verano. Ahora, acusado porque las discotecas siguen cerradas por los contagios que se dan en espacios cerrados y no hay visos de que la situación cambie en el corto plazo.  

La crisis del coronavirus ha sido el marco ideal para acabar con esta realidad de un plumazo. Mientras la inmunización masiva de la población no sea una realidad, quedarse en casa es la única solución que resulta factible para controlar la transmisión del virus. Y por parte ciudadana, la conmoción que ha supuesto la aparición del Covid ha llevado a la cesión de derechos básicos con un cuestionamiento mínimo. Casi 18 meses después del estallido de la pandemia, se sigue en esas tesis sin rechistar.

La quinta ola llega a su fin, pero eso no impide que el Gobierno catalán insista en la necesidad de mantener el toque de queda nocturno. El TSJC rechaza prolongar una medida que implica restringir la movilidad entre la 1 y las 6 de la madrugada por considerar que la petición está más relacionada con retos de orden público que por la emergencia sanitaria. De hecho, el Ejecutivo ha rebajado en sus órdenes el umbral de infecciones para dejar a la población en sus casas y, además de limitar el contagio de virus entre los jóvenes, se ahorra jaranas.

El equipo de gobierno liderado por Pere Aragonès se ha revuelto de nuevo contra la decisión política, pero falla al esgrimir datos contrastados que consoliden sus argumentos. Los magistrados de la sala de urgencia del TSJC analizarán el próximo lunes su segunda petición, aunque los juristas ya advierten de que la iniciativa tiene pocos visos de prosperar. Más allá de las discrepancias entre ambos, con críticas de “represión” incluidas por parte del independentismo más irredento, asombra la pasividad y adocenamiento ciudadano en aceptar la cesión de derechos básicos en un momento de mejora de la pandemia.

Se debe hacer todo lo posible para evitar una proliferación de contactos, pero son otras las medidas que se deben promover. Pero, de nuevo, se llega al problema endémico de nuestra Administración: la falta de recursos destinados a reforzar las plantillas de los servicios esenciales, los que deben luchar contra el coronavirus en un sentido amplio.

El Colegio de Médicos se ha puesto otra vez al lado del Govern en su demanda de mantener un toque de queda amplio. ¿No deberían posicionarse al lado de los sindicatos para pedir un refuerzo de sus plantillas en lugar de insistir en las restricciones? Cabe recordar que las tensiones laborales de los santirarios se dan con o sin pandemia. Más, en verano.

¿Pueden los Mossos y policías locales hacer frente a los problemas de convivencia y salud pública con plantillas diezmadas? ¿No será que el toque de queda se usa para esconder otros problemas de gestión?