Entre la desobediencia de boquilla y el acoso a quienes plantan cara a la inmersión lingüística monolingüe en catalán. En esos parámetros se mueve el independentismo más fanático y, lo que es peor, con la aprobación de la radicalizada Generalitat. El caso de la familia señalada por exigir que se respeten los derechos de su hijo de recibir la educación en las dos lenguas cooficiales en Cataluña lo tiene todo para convertirse en el último bombazo de Netflix, si la plataforma compra la idea. El asedio por tierra, mar y Twitter es tan indignante como peligroso.

La historia, ya por casi todos conocida, es la siguiente: una valiente familia, con todo el derecho del mundo, consigue por la vía judicial –ya que la Generalitat impone el 100% en catalán– que el 25% de las clases de su escuela –aunque pide el 50%–, en Canet de Mar, las reciba su hijo en castellano. Algo que, por otro lado, deberán hacer todos los colegios tras las resoluciones judiciales, salvo que el Govern desobedezca –como ha insinuado, incluso incitando a las familias a oponerse al fin de la inmersión monolingüe– o que nadie le obligue a ejecutar las sentencias, que tampoco se puede descartar, repasando el historial de los actores de este tablero.

El caso ha llegado a las redes sociales, donde un exprofesor de la UAB (¡un exprofesor!), Jaume Fàbrega, que nunca decepciona, ha llamado a apedrear la casa de esta familia. Peor aún, se apunta “a apedrear la casa de este niño”, un muchacho de 4 años, por “supremacista”. Esta frase, que contiene un claro mensaje de odio, obviamente ya está en manos de la fiscalía para que proceda como deba hacerlo. Por desgracia, es la única vía para enfrentarse a este sujeto, porque con gente que opina de este modo es imposible razonar. Mejor no intentarlo. De todos modos, que haya personas así entra dentro de las probabilidades, porque somos muchos en el mundo. Lo que no es de recibo es el apoyo velado del Govern.

Preguntada por la cuestión, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Patrícia Plaja, ha calificado de “sorprendente” el hecho de que “un solo alumno obligue a cambiar la lengua al resto” –afirmación incierta, dado que el catalán se mantendrá en el 75% de la educación de la escuela–, y ha considerado que “es una vulneración flagrante al derecho de la mayoría de las familias y los alumnos del centro” que, o bien comulgan con sus tesis nacionalistas, o bien no se han atrevido a plantar cara a la inmersión. No solo eso, sino que ha tratado de presionar a algunos medios con que suavizaran este enfoque, porque lo habían entendido mal. En todo caso, tiene guasa esta reacción de Plaja justo después de anunciar una ley catalana contra el racismo y la xenofobia. Ya intuimos qué casos pueden quedar al margen de esta ley.

La comparecencia de Plaja ha tenido continuidad poco después, tras conocerse que el mismo conseller de Educación, Josep González Cambray –que llamó a desobedecer las sentencias judiciales sobre la inmersión–, se reunirá este jueves con la dirección y las familias de esta escuela de Canet. Lo hará junto a la alcaldesa del municipio, la secretaria de Transformación Educativa de la consejería y el director de los Servicios Territoriales. Viendo sus antecedentes, no parece que sea un encuentro en son de paz; más bien es posible que de ahí salgan, por lo menos, nuevas palabras de rechazo a la justicia. 

Curiosamente, esta visita se producirá cuando algunos padres de este centro acaban de firmar un manifiesto para blindar la inmersión, denunciar que este caso tiene un trasfondo político y defender que ellos respetan mucho el castellano, aunque de forma velada están acorralando a los disidentes y avisando a otros que quieran dar el paso. Eso sí, no vaya a ser, están totalmente en contra de cualquier tipo de violencia y señalamiento. Faltaría más. Si esto no es acoso encubierto y respaldado por las instituciones, que baje Dios y lo vea. En todo caso, estas familias tiran la piedra y esconden la mano, no como el amigo Fàbrega que, dentro de lo que cabe, va de cara.