Vivir de una forma más sostenible y respetuosa con el medio ambiente es una necesidad imperiosa, un punto de partida compartido por la inmensa mayoría de la ciudadanía. El problema es que avanzar hacia esta estrategia a marchas forzadas ha encendido las alarmas por la desigualdad que puede conllevar el proceso.

El Parlamento Europeo abre la semana próxima un debate sobre cómo se debe acelerar ser más verde en el consumo energético. El fondo de la cuestión no es otro que el de romper la dependencia energética de Rusia. No se ve un fin cercano de la guerra de Ucrania, la inestabilidad de las relaciones diplomáticas va in crescendo y ese país ya ha optado por el corte unilateral de suministros como respuesta a las sanciones que se le han impuesto. Se debe buscar un plan B para el próximo invierno, el horizonte temporal que de verdad aprieta ya que es soportable pasar un verano sin aire acondicionado y, en ciertas zonas de Europa, no es ni siquiera necesario.

Pero, de nuevo, el reto será el de no dejar nadie por el camino y no parece que esa vaya a ser una prioridad. Una de las medidas que parece que sí saldrá adelante en el Fit for 55 será la de fijar el fin de los vehículos con motores de combustión en 2035. Incluso en el caso de modelos híbridos, que también se quedarán fuera de las carreteras comunitarias según el plan establecido.

Más allá de que cuestionar en qué nivel estarán las infraestructuras comunitarias para atender la electromovilidad en ese ejercicio, ¿quién tendrá la capacidad de adquirir coches y motos eléctricas en 13 años? ¿Los aparcamientos privados estarán preparados? ¿Qué pasa en las comunidades de vecinos donde ni siquiera caben los contadores de la luz? Somos conscientes de que existen todos estos problemas, pero las respuestas para abordarlos se estrellan contra la burocracia y una adaptación del marco legislativo lento.

Tanto, que ni siquiera se ha agilizado en la certificación de los instaladores de placas fotovoltaicas. Cada vez hay más ciudadanos interesados en colocarlas en sus edificios porque el ahorro en la factura de la luz es real --algo capital para abrazar la sostenibilidad--, pero las listas de espera para el estudio y la ejecución de un proyecto con cara y ojos pueden superar el año. Sí se fue ágil en cambiar la Ley de Propiedad Horizontal para evitar que la ratificación de la propuesta en una asamblea de la comunidad de vecinos fuera por unanimidad (ahora basta con que la apoye la mayoría de propietarios), pero faltan manos expertas. Y no solo en España.

Ello, unido a medidas como la intención de acabar con las calderas de gas y cambiarlas por bombas de calor (se plantean subvenciones, pero, ¿serán suficientes para cubrir los costes?), lleva a un escenario poco halagüeño para el consumidor. ¿Será que ser respetuoso con el medio ambiente sin perder calidad de vida está solo al alcance de los bolsillos más aventajados?