La barca no la maneja nadie. Esa sería la respuesta que deberíamos dar a Remedios Amaya. Y esa es la respuesta que toda la ciudadanía debería asumir en el caso del largo, complicado y convulso conflicto político entre una parte de la clase política catalana y el Gobierno español, con consecuencias para todo el Estado español. Nadie maneja un guion que ha dejado ahora, por unos instantes, contento al movimiento independentista, porque la justicia alemana no extraditará a Carles Puigdemont por el delito de rebelión, pero que tiene, todavía, camino por recorrer, y que demuestra que hay división de poderes.

Se trata de un modo de rebajar la tensión, que tiene un coste evidente para la figura del juez Pablo Llarena, y también para Mariano Rajoy, que lo dejó todo en manos del poder judicial, sin querer, en ningún momento, afrontar un problema político.

Acotar realmente lo que sucedió, muy grave, con los delitos penales correspondientes, sin excesos, pero con rigor. Eso es lo que esperaba la ciudadanía catalana --toda, también la independentista-- y el conjunto de la sociedad española. Si eso llega desde Alemania, perfecto, aunque debería haber partido de la propia justicia española.

Rajoy no ha tenido cintura política, pero el responsable es el independentismo con las acciones que adoptó

La circunstancia, en todo caso, puede beneficiar la causa de fondo, el problema político. Sería el momento para que el independentismo rectificara, con una asunción de la realidad, sin pretender mantener ese pulso contante contra el Estado. La política catalana, en su conjunto, ha demostrado que no sabe estar, que no atiende a las necesidades de una administración que lleva demasiados años sin horizonte, sin objetivos.

No todo está en un plano de igualdad. Y eso también lo deberían asumir los partidos independentistas. Hubo un responsable, y no fue Rajoy, aunque el presidente del Gobierno no tuviera luego la cintura política obligada para resolver el problema. El independentismo, primero con Artur Mas y posteriormente con Carles Puigdemont, inició un proceso que no tenía ninguna justificación objetiva, saltándose leyes y, principalmente, dejando a más de la mitad de la población catalana en una tesitura difícil, incómoda, que vivió con tensión y preocupación extrema las jornadas del 6 y 7 de septiembre de 2017, el 20 de septiembre, el propio 1 de octubre, y el 3 de octubre, con una “aturada de país”.

El independentismo debe formar gobierno e intentar reestablecer la confianza

Con esa decisión que llega desde Alemania se puede “desescalar” la situación, y el primero que debería reaccionar es el juez Llarena, asumiendo que el delito de rebelión fue un exceso. Pero en el mismo momento, tanto Junts per Catalunya como Esquerra podrían iniciar una nueva etapa, con un presidente de la Generalitat sin causas abiertas, dejando atrás a una serie de políticos que, al margen de sus situaciones judiciales, cometieron graves errores políticos, poniendo en peligro la propia cohesión de la sociedad catalana.

Las cuestiones judiciales seguirán su curso. El delito de malversación no es una cosa menor. Se deberá probar en el juicio. Y todo cuenta con las garantías necesarias, como la propia justicia del estado de Schleswig-Holstein constata. Pero brinda a todos los actores en juego una oportunidad para recuperar un terreno de juego común: formar gobierno, e iniciar un diálogo para reestablecer la confianza, y gobernar ya para todos los catalanes, dejando atrás esa insistencia en un derecho de autodeterminación que hoy no es posible en España.