Que los acuerdos de investidura del PSOE con Podemos, PNV y ERC no podían traer nada bueno en materia de modelo de Estado era algo más que previsible. Y ahora que empiezan a conocerse sus contenidos, se confirman las sospechas.

El pacto con los morados aboga por una “actualización del Estado autonómico” que haga compatible la “unidad” y la “diversidad”, la “igualdad de todos los españoles” y el “autogobierno” de las CCAA. Hasta ahí, todo correcto. El único problema es que quienes han hecho irreconciliables estos principios han sido precisamente los independentistas con los que también se ha negociado la designación de Pedro Sánchez.

De hecho, otro de los puntos del acuerdo con Podemos deja claro por dónde irán los tiros: “Abordaremos el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual”. La desaparición del sintagma “problema de convivencia” --que hace unos meses el presidente reivindicaba con ahínco-- y su sustitución por “conflicto político” es una victoria de ERC y una clara cesión al independentismo.

La propia secretaria general adjunta, Marta Vilalta, alardeó ayer de que el gran logro de la dirección de su partido en su negociación con el PSOE ha sido el “reconocimiento” por parte del PSOE de que hay “un conflicto político entre Cataluña y el Estado” al que se debe dar “una solución democrática”. Todo ello, vehiculizado a través de “una mesa de negociación entre gobiernos”. De ahí a recuperar la figura del relator o reconocer Cataluña como nación --y, por tanto, abrir la puerta a hablar de un referéndum de autodeterminación a medio o largo plazo-- no hay demasiados pasos.

Vilalta insistió en que el acuerdo con el PSOE pretende “dar respuesta al sit and talk”, uno de los lemas difundidos por Tsunami Democràtic, la fantasmagórica y violenta organización secesionista que investiga el Gobierno, según aseguró hace un par de meses el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Delirante.

Claro que eso no es menos delirante que el hecho de que la investidura del presidente del Gobierno haya dependido de una suerte de entente entre la Abogacía del Estado y el partido cuyo líder está condenado por sedición contra ese mismo Estado. El acuerdo con el PSOE “es una oportunidad para el independentismo que hay que aprovechar”, señaló Vilalta a modo de conclusión, y no le falta razón.

Pero lo más grave lo recoge el pacto con el PNV, el más concreto de los tres. El texto no se corta un pelo al comprometerse a “impulsar, a través del diálogo entre partidos e instituciones, las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, acordando, en su caso, las modificaciones legales necesarias, a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de la Comunidad Autónoma Vasca, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia". Y de refilón, cuela las selecciones deportivas vascas.

Que a estas alturas, tras más de 40 años de descentralización ininterrumpida hasta convertir España en uno de los países en los que mayor reconocimiento tienen las “identidades territoriales”, se siga insistiendo en que la solución a la crisis del nacionalismo catalán y vasco pasa por prestar mayor atención a los “sentimientos nacionales de pertenencia” a esas CCAA, quiere decir que no se ha entendido nada de lo que pasa en este país.

Si de verdad creemos en la igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos españoles, la identidad territorial que se debería fomentar es la de pertenencia al proyecto común español, habitualmente despreciada por las administraciones públicas. De lo contrario, lo mejor es cerrar el chiringuito y que el último apague la luz.