Por supuesto que sí. Y lo es en un doble sentido, porque se ha rebelado contra la legalidad y porque ha huido de la justicia. Pero solo la misma justicia puede condenarle por un delito tipificado como rebelión. De la misma forma que solo un juez podrá decir si ha malversado recursos públicos, algo que a la vista de cualquier mortal es evidente aunque solo sea por beneficiarse de la protección de funcionarios públicos sin tener derecho a ello.

Pero el Código Penal español señala la rebelión como un delito contra la Constitución y lo hace pensando en los militares, probablemente con el retrovisor puesto en el 23F, el último golpe de Estado de nuestra historia. Por eso habla de alzamiento violento y público, no de asonadas y algarabías, que sería más propio quizá del caso que nos ocupa.

Cada país es hijo de su historia, y el nuestro no es una excepción.

También les pasa a los alemanes. La figura de la alta traición de su legislación, homologable a la rebelión española, forma parte del capítulo “Traición a la paz”, que empieza así: “Quien prepare una guerra de agresión...”. El código español habla de la agresividad de los militares golpistas y el alemán del expansionismo de los nazis, está claro. Probablemente, ninguno de ellos contempla la desobediencia de baja intensidad que se ha practicado en Cataluña desde las propias instituciones del Estado, esa deslealtad de quien se pasa el día ejerciendo el “cumplimiento”, el “cumplo” y “miento” en que ha vivido el nacionalismo catalán durante los 40 años de autonomía.

Se puede decir que es la primera victoria del proyecto de internacionalización del conflicto catalán

El caso indiscutible, no obstante, es que la estrategia del soberanismo acaba de obtener una victoria. Se puede decir que es la primera en el proyecto de internacionalización del conflicto catalán. Y, aunque tenga el precio para algunos de sus líderes de pasar por la cárcel, es valiosa para los objetivos del separatismo, y como tal será explotada. Especialmente por Carles Puigdemont, lo que no es precisamente una buena noticia.

No es verdad que el Gobierno español dé una respuesta judicial a un problema político. Sencillamente, no la da y pasa la bola a los jueces cuando detecta la posible comisión de un delito; a ver si tiene suerte. La decisión del tribunal de Schleswig-Holstein supone un serio revés para esa estrategia. Y puede estar anunciando una fase muy peligrosa.

El nacionalismo catalán ha conseguido convertirse en el eje vertebral de la política española después de haber fagocitado todo vestigio de vida política inteligente en Cataluña. Si logra algo parecido a nivel continental --ser la piedra en el zapato de la Unión Europea-- se habrá ganado el derecho a la mediación internacional para hablar de tú a tú con España dejando la Constitución en papel mojado.