Después de comprobar la evolución negativa de los indicadores de la pandemia, la Generalitat se toma unos días antes de establecer medidas definitivas para las Navidades. No conocemos muy bien las razones, más allá de los falaces motivos oficiales habida cuenta de la semiparalización en que se encuentra el Govern por las disputas internas que alcanzan reiteradamente a un asunto tan grave como este. Quizá no sea el momento de repasar la incompetencia del Consell Executiu, acreditada durante toda la agónica legislatura e incrementada a última hora con la incorporación de currículums de activistas como Ramon Tremosa y Miquel Sàmper.
Tampoco hace falta detallar las medidas restrictivas que toman países que están en mejores condiciones que nosotros. Lugares como Suecia, antes modelo de eficacia antivirus gracias a su baja densidad de población, u Holanda, que también apareció ante nosotros como paradigma de eficacia sanitaria, luchan ahora contra la pandemia con los mismos y primitivos métodos de confinamiento que se aplicaban hace siglos.
Es la hora de los ciudadanos y de los empresarios, que, a la espera de la vacuna, debemos incorporar a nuestro día a día las únicas medidas que se han mostrado eficaces para luchar contra el Covid-19 y que giran en torno al aislamiento físico; además de las mascarillas y la limpieza. Y no lo estamos haciendo.
Solo hay que entrar en un supermercado, el tipo de establecimiento esencial que no cerró durante la reclusión y que carece de mecanismos de renovación de aire, para comprobar el estado de las mascarillas de sus empleados: en algunos casos dan grima. Los especialistas aseguran que las mascarillas higiénicas, el modelo más utilizado, pierden su eficacia tras cuatro horas de uso; o sea, que en una jornada de trabajo deberían emplearse dos de ellas. No hace falta tener conocimientos de medicina para ver que en la mayor parte de los casos se trata de simples adornos inútiles, que ni protegen a los demás --que es el objetivo de este modelo--, ni mucho menos al empleado que la lleva pegada a la cara; se ve a distancia que tienen días y días de batalla. Otro tanto pasa con las FFP2, más eficaces, siempre y cuando no se utilicen más de ocho o, como máximo, 12 horas. Es evidente que las empresas de distribución comercial no facilitan esa protección a sus empleados, o al menos no en la cantidad suficiente como para que se renueven y resulten útiles.
Quien pague la cuota de un gimnasio puede comprobar cómo este tipo de establecimientos calculan el aforo. Una de las marcas más populares y extendidas de Barcelona daba una ocupación del 12,5% el lunes por la mañana en uno de sus locales más céntricos y concurridos. Pero el dato era absolutamente falso: se apoyaba en el cuenteo de las personas que habían entrado en las instalaciones, sin tener en cuenta que los vestuarios, las duchas, las saunas y otros espacios permanecen cerrados. Es decir, un 12,5% del total concentrado en la sala de fitness supone una saturación que triplica o cuadruplica esa proporción y, en consecuencia, supera el límite autorizado.
Al margen de la eficacia de la Administración, incluso de su competencia, las empresas deben asumir sus propias responsabilidades. No basta con reclamar ayudas y subrayar las contradicciones --evidentes-- de las decisiones sanitarias o de orden público. Tienen instrumentos, como los gremios, las patronales, la propia Cámara de Comercio, para ayudar a que todo el mundo cumpla con su obligación. Está muy bien lamentarse y decir que somos un país con impuestos europeos y servicios africanos, que tomamos medidas que no podemos pagar, y bla, bla, bla. Pero ha llegado la hora de ser verdaderamente europeos, si es que el adjetivo significa civilizado, y comportarnos como tales dejando atrás esa afición tan nuestra de hacernos los listillos. Es difícil construir un Estado del bienestar que se merezca ese nombre si todo el mundo se dedica a la picaresca y a poner la mano a ver qué cae.
