Ya no quedan adjetivos en el diccionario que permitan definir esta década prodigiosa de procesismo. Porque el martes se agotaron todos. De los autores de "ocho segundos de declaración unilateral de independencia" llega "la Identidad Digital Republicana (IDR)", una especie de DNI a la venta en la web del Consejo para la República que no sirve para nada, pero sí permite al independentismo hacer nuevas listas de buenos y malos patriotas. Y de paso, financiar el cuartel general de Carles Puigdemont en Waterloo.

¿Esperpéntico?, ¿manicomial? Se agotan los calificativos porque, según reconocen los impulsores de este carnet para los muy, pero que muy secesionistas, la IDR no está concebida para hacer trámites con la administración catalana porque “sigue siendo autonómica”. Literal.

Sí, hay que leer dos veces la frase para entenderla, para creerla, para asimilarla. Porque después de tantos años de fantasía separatista, de tanto gasto en estructuras de Estado y diplomacia fake en el extranjero, ahora resulta que el órgano creado a mayor gloria de Puigdemont admite que “la república no existe”, como dijo aquel mosso d’Esquadra durante una concentración independentista. El agente fue expedientado por ello. Por asegurar que el rey va desnudo.

El procesismo no tolera esos baños de realidad. Y si no, que se lo pregunten a Jaume Alonso Cuevillas, cesado como secretario segundo de la Mesa del Parlament por haber dicho unas cuantas verdades. Entre ellas, que ser inhabilitado por tramitar iniciativas sobre la monarquía o la "autodeterminación" que no van a ningún lado es una tontería. Años antes, Jordi Baiget, consejero de Empresa, también fue condenado al ostracismo por cuestionar el referéndum. Y Àngels Chacón, que ocuparía ese cargo años después, también fue apeada del mismo por no sumarse a las filas de Puigdemont.

Así es la república virtual que nos ofrece el fugado: vengativa, dictatorial y, digámoslo en el lenguaje que ellos entienden, represora. ¿Se imaginan un país liderado por quienes dividen entre ciudadanos de primera y de segunda o eliminan a todo aquel cargo público que se atreve a criticar el régimen? Pues eso es lo que está pasando hoy en Cataluña. De hecho, hace años que eso ocurre. Pero los fachas son los otros, los no independentistas.

¿Y qué hace ERC ante todo ello? Pues dar credibilidad a ese Consejo para la República, reconociendo su papel en el futuro gobierno catalán. Que Pere Aragonès otorgue credibilidad a ese Ejecutivo paralelo demuestra hasta qué punto los republicanos son incapaces de dar un puñetazo en la mesa de las negociaciones y proclamar que solo puede haber un presidente de la Generalitat. Que la bicefalia pretendida por Puigdemont no solo es ofensiva para Esquerra, sino nociva para los catalanes. ¿Quién será el interlocutor con el empresariado? ¿Quién gestionará los fondos europeos? ¿Quién se ocupará de reforzar la sanidad, la educación y los servicios sociales? ¿Puigdemont o Aragonès? Todo apunta a que ERC hará el trabajo sucio y el fugado disfrute de la pompa y boato del poder en su masión belga.