Que el principio de prudencia tiene que imperar cuando una investigación judicial está en marcha es una cuestión que no debería entrar en materia de debate, pero desde que este lunes la Guardia Civil detuvo a nueve personas acusadas de preparar una acción violenta en nombre del independentismo en Cataluña se ha puesto en tela de juicio. Vaya por delante que la presunción de inocencia es aún más sagrada y todos los delitos que se imputan a este grupo se deben demostrar, pero que reivindiquen una causa política en sus acciones nunca debería ser motivo para justificar ningún tipo de violencia.
La escasa información de la que se dispone hasta el momento indica que los encausados hacía tiempo que preparaban una respuesta que se movía en este ámbito ante la sentencia del caso 1-O. Los llamados CDR pretendían fabricar sus propios explosivos y los habrían llegado a testar en una masía situada en las afueras de Sant Pere de Torelló (Barcelona). También que habían recabado información de edificios públicos que serían objetivo de sus acciones, como un cuartel de la Guardia Civil cercano a esa población. Todo ello en condicional, precisamente por esta presunción de inocencia sagrada vigente en nuestro país.
Claro que se pueden discutir los delitos que se les imputan. ¿Se enmarcan en los supuestos de rebelión o sedición? ¿Constituye terrorismo, con todo lo que implica? La tenencia de explosivos, vistas las acusaciones, es más difícil de refutar, pero igualmente se deberá demostrar ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Pero que esta réplica llegue a poner en tela de juicio toda la investigación ya desde el minuto cero y sea tildada de “operación del Estado contra Cataluña” es irresponsable. Y no me refiero a lo ciudadanos anónimos puedan decir en Twitter --una “barra de bar de gente enfadada”, tal y como define el propio Gabriel Rufián--, sino a responsables políticos. Más, los que tienen cargos institucionales.
No son de recibo declaraciones como las del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ni muchos de los miembros del Govern. Roza directamente el cinismo que se manifiesten para exigir su inmediata liberación y nieguen de frente la investigación judicial cuando dos de los implicados, que ya están en libertad con cargos, forman parte de un grupo de radicales llamado Los 9 de Lledoners. Y es que es la propia Generalitat la que está personada en otra causa en que se les acusa de robo, lesiones, atentado contra la autoridad y desórdenes públicos durante el traslado de los políticos encarcelados por la causa del 1-O en febrero de la prisión catalana a Madrid. Además, tienen responsabilidades en los Mossos d’Esquadra, otro de los focos de las críticas de estos días.
Igualmente se queda al margen del sentido común que la detención de los radicales sirva para afirmar que en Cataluña existe una banda terrorista parecida a ETA en activo. Por suerte para todos, ni mucho menos hemos llegado a este extremo. Mencionarlo es de un impudor total y usarlo como arma política es de una imprudencia destacable.
Cuando existen indicios sólidos de una acción violenta en ciernes que propicia una acción judicial nadie debería apearse nunca del principio de prudencia. Debería aplicarse como norma universal antes de abrir la boca, pero inmersos en un clima de precampaña electoral, se ha optado por el camino del todo vale. ¿Quién gana con ello?
