Josep Mateu es una de las personas que más saben de movilidad de España. Es el presidente del Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) y durante años fue su director general. Está convencido de que los atascos que viven las carreteras catalanas, especialmente la AP-7 desde que es gratuita, tienen difícil solución, pero considera que en el momento de la desaparición de las barreras, algo que se conocía con años de antelación, hubo falta de planificación y de previsión por parte de la Administración pública.

Desde su punto de vista, la mejor solución hubiera sido establecer un peaje suave con el que, además de sufragar los costes del mantenimiento, se habría lanzado un mensaje disuasorio a quienes se han hecho habituales de las autopistas desde septiembre pasado hasta colapsarlas. Se refiere, sobre todo, a los camiones; y sostiene que deberían tener prohibido adelantar a otros vehículos en los días de más tráfico, como ya se hace en Alemania y Francia.

Los argumentos de Mateu, que defiende también la limitación de la velocidad máxima en ciertos tramos, son razonables y sensatos. Excepto cuando justifica que no se estableciera un pequeño peaje en aquel momento: si no lo hacían en Burgos, dice, tampoco se iba a hacer en Cataluña.

El comentario movería a risa si no fuera porque este señor preside una de las organizaciones más poderosas en términos de influencia de Cataluña. Es un ente pseudodeportivo (compañía de seguros, en realidad) que tierne casi un millón de socios. ¿Es preferible soportar el desastre al que asistimos a diario en nuestras carreteras a poner un coste disuasorio porque en Burgos no lo hacen?

Aún existen muchos peajes en las autopistas españolas. En Cataluña, por ejemplo, la Generalitat mantiene el cobro en cuatro, tres de ellas sin alternativa comparable: ya eran las más caras del país, y en enero subieron un 5,4%.

La naturalidad con que el presidente de una empresa tan poderosa como el RACC hace un discurso victimista tan ridículo, y a la vez normalizado, es una muestra de la salud de nuestra sociedad. El precio de evitar los colapsos que estamos viviendo --hacer algo diferente a lo que hacían los burgaleses-- era demasiado alto.

Es cierto que lo conocíamos, que en su día forzó a la compañía que preside a que se pronunciara contra las cargas policiales del 1-O y que luego la llevó a pedir un trato político para los juzgados por los hechos de 2017. Es lógico en quien presidió Femcat, la patronal independentista. Pero, aun así, lo de ahora es de auténtica locura.