En la crisis del Banco Popular hay dos agentes perjudicados: sus accionistas y el Gobierno español. Los socios, como es obvio, porque han ido acudiendo a ampliaciones de capital y exponiendo sus recursos sin éxito. El banco que preside Emilio Saracho está en una apurada situación. Quienes han podido ver las tripas de la institución financiera han comprobado que dentro pervive una compleja y alambicada situación que hace difícil el interés de ningún banco por hacerse con su control. Lo hallado son restos momificados de una actividad bancaria de la que alguien, algún día, debería hacerse responsable por llevar a esa situación a la entidad que antaño pasaba por ser la más rentable y saneada del país.

En ese estado de cosas, además de los grandes, Santander y BBVA, que siempre juegan con el interés más o menos cicatero de ensanchar su espacio, sólo el Sabadell de Josep Oliu ha examinado con detenimiento los números. El interés nace de la espinita que el banquero catalán ha tenido siempre sobre el Popular y que no cristalizó en tiempos de Ángel Ron por las diferentes culturas bancarias de cada casa. Mientras Oliu actúa como un banquero tradicional, de manguito y cuenta de resultados, en el banco que lideró Ron las familias internas y los vínculos con el Opus Dei hacían difícil que cuajara ninguna operación conjunta que ensamblara las maquinarias.

Quien lleva el cuadernillo para vender el Popular es JP Morgan. Se da la circunstancia de que allí, en su día, trabajaba su actual presidente. De hecho, fue Saracho quien tiempo atrás intentaba animar a Oliu para que se acercara al Popular y pensara en una operación corporativa. Pero ni la cotización del Sabadell, que no consigue reestablecer valores de antaño, ni lo conocido a posteriori del Popular (pero que algunos conocieron antes) hacía viable el matrimonio.

Ahora, además de Saracho y Oliu, interviene, indirecta y discretamente, el Gobierno, que aunque no puede poner un euro más en rescatar bancos con problemas, puede utilizar su posición como accionistas de la pública Bankia para promover algún tipo de solución

Ahora, además de Saracho y Oliu, interviene, indirecta y discretamente, el Gobierno. Con el actual panorama parlamentario, a Mariano Rajoy y a su ministro de Economía, Luis de Guindos, sólo les queda presionar. No pueden poner un euro más en rescatar bancos con problemas. Ni la Unión Europea ni el Banco Central Europeo permitirían más aventuras de ese tenor con el temporal político que merodea. En consecuencia, sólo pueden animar o, y aquí radica la novedad, utilizar su posición como accionistas de la pública Bankia para promover algún tipo de solución.

Bankia, saneada por un discreto y eficaz José Ignacio Goirigolzarri y convenientemente sometida a una dieta de adelgazamiento, ya es un agente más del mapa bancario español sobre el que no pesa más etiqueta negativa que su condición de estar bajo la propiedad del organismo estatal encargado de rescatar a la banca con problemas. Y al Sabadell no le importaría en estos momentos estudiar una relación con más de un interviniente. Una eventual operación de estas características entronca con los llamamientos sibilinos del Gobierno a que se estudien fusiones y operaciones de banca de más dimensión. Mientras Santander y BBVA deshojan la margarita sobre si les interesa pagar algún precio por el Popular, Sabadell y Bankia podrían figurar en algunas quinielas para intentar un ménage à trois en toda regla.

De prosperar el trio, el Estado dejaría de ser accionista plenipotenciario de una entidad siempre en el punto de mira político, resolvería el problema de un banco con problemas y sólo sería partícipe, a determinar según los valores y ecuaciones de canje, de una entidad superior, cotizada, de la que sería mucho más fácil ir retirándose y recuperando lo que hubo de poner en su día para evitar el desmoronamiento.

¿Realidad o quiniela? Que cada quién haga sus apuestas. Pero, en todo caso sepan que algunos han comenzado a utilizar la calculadora ya.