La feria The District se ha convertido en la protagonista inesperada de la semana. Lo que debía ser otro congreso más del calendario de Fira de Barcelona ha mutado en el escenario en que los comunes de Ada Colau han dado el disparo de salida de su campaña electoral y recuperar su discurso duro de vivienda. Ese que denuncia a “especuladores”, “buitres” y a los que hacen negocio con algo tan sensible como el acceso a una vivienda digna a un precio razonable.

El problema es que, a diferencia de lo que ocurría en 2014, cuando Colau renunció a ejercer como portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para dar el salto a la política, ahora los comunes enervan esta bandera tras ocho años al frente del Ayuntamiento de Barcelona. Y gestionar las instituciones e intentar mantener esta pancarta te lleva al terreno de la incongruencia.

Primero, porque las políticas municipales de los últimos años en materia de vivienda dejan mucho que desear. Finalmente (y sin demasiado entusiasmo), los comunes han tenido que abrazar la colaboración público-privada para proyectar más inmuebles públicos. Porque la falta de activos incluso para atender algo tan básico como la emergencia social es la principal distorsión del sector. No se puede culpar de ello solo a los comunes, ya que es fruto de años de una gestión nefasta del ladrillo público en la que se impulsaron pocas promociones y se primó la venta frente al alquiler.

La burocracia de las administraciones complica que por sí mismas puedan emprender de forma fácil promociones públicas. A eso se le suman los retos presupuestarios, ya que implican inversiones que pueden comprometer otro tipo de políticas locales. Especialmente en los consistorios medianos y pequeños, los que están al frente de poblaciones que también tienen problemas de vivienda que no siempre son sencillos de abordar.

No es el caso de Barcelona, donde se ha llegado a pagar 8,3 millones por un edificio de 25 viviendas en plena calle Balmes solo para frenar la compra de un fondo de inversión. El consistorio ejecutó su derecho al tanteo y retracto y anunció que rehabilitaría los pisos y los pondría en alquiler público en una zona céntrica en la que controla poco activos. El problema es que la factura final de la estrategia es demasiado alta y, desde el verano de 2021, la reforma del bloque está pendiente de culminar, lo que huele a sonoro fracaso.

También llaman la atención los terrenos municipales pendientes de desarrollo (no hay ni siquiera planificación de si serán plazas o se destinarán a vivienda), otra realidad que no se vive solo en la capital catalana.

Más allá de la crítica oportunista, el resto de formaciones políticas han mantenido un perfil bajo y han evitado entrar en el debate de fondo sobre las carencias de vivienda. Incluso se han puesto de perfil en algo tan llamativo como que los comunes hayan fijado la diana en The District, que se celebra en un espacio cuya gestión recae en una institución presidida por la propia Colau, y obvien el resto de citas inmobiliarias que tienen lugar en el mismo lugar. Incluso las que tienen como objetivo la comercialización de inmuebles, una actividad más cercana a la especulación que denuncian (de forma un tanto naïf) que los debates sectoriales desarrollados la última semana en Barcelona.

De hecho, en Fira se han escuchado peticiones como la de firmar un gran pacto de colaboración público-privado en que se fijen las bases de cómo regularizar a los okupas ilegales vulnerables y de buena fe, pero que son pasto de las mafias. La propuesta partía del consejero delegado de los fondos Anticipa y Aliseda Real State, Eduardo Mendiluce, y no estaría tan lejos de las iniciativas promovidas desde ámbitos como la PAH. Pero esto pasa por un gran pacto político y, por ahora, los grandes consensos en vivienda brillan por su ausencia.