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La política placebo de Torra y Colau

María Jesús Cañizares
4 min

"Por culpa de los malos abogados, los procesos se alargan. Y gracias a los buenos abogados, los procesos se eternizan". Resulta muy tentador aplicar esta broma que circula entre los juristas al mundo de la política, judicializada por el procés. Hay mucha dilación indebida en este largo otoño de nuestra desventura secesionista, de confuso principio e incierto final. Mientras tanto, quienes dicen anteponer el "soberano" Parlament a cualquier decisión judicial mantienen bloqueada esta institución, que nunca se recuperó del vapuleo sufrido los días 6 y 7 de septiembre de 2017 cuando tuvieron lugar los traumáticos debates y aprobación de las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica hacia la república catalana.

Las peleas entre Junts per Catalunya y ERC sobre los efectos de la suspensión de los diputados procesados impiden que la actividad parlamentaria se desarrolle con normalidad. Esas discrepancias también existen a nivel gubernamental, donde hay dos velocidades: la de los nuevos convergentes, en punto muerto, y la de los republicanos, con marchas cortas aunque con ganas de acelerar para demostrar, cuando lleguen las elecciones, su obra de gobierno. En los mentideros económicos aseguran que los consejeros de ERC en general y el vicepresidente económico, Pere Aragonès, en particular, estarían dispuestos a intensificar su colaboración con el Gobierno de Pedro Sánchez, pero no acaban de quitarse de encima el freno de mano que impone Carles Puigdemont a través de su profeta Quim Torra, aspirante a Martin Luther King redivivo.

Puigdemont y Torra se han encomendado a la agitación callejera para poner sordina a esa desorientación independentista, donde se desconoce si sus dirigentes vuelven o van. Si quieren república o un nuevo referéndum. Si quieren desobediencia o solo provocar. Esa política placebo que Artur Mas comenzó a aplicar para tapar corrupción y recortes, vive hoy un nuevo episodio en forma de concentración conmemorativa del asedio a la Consejería de Economía que tuvo lugar el 20 de septiembre de 2017. De aquellos polvos activistas estos lodos carcelarios.

Al otro lado de la plaza Sant Jaume también se viene aplicando una política placebo desde 2015, año cero de Ada Colau y sus camaradas alternativos. Que romper el sistema dentro del sistema es imposible lo sabemos desde que en 2012 la CUP irrumpió en el Parlament. La líder de los comunes asumió la alcaldía asegurando que otro mundo es posible y que deshacer la breve obra convergente en la ciudad iba a ser pan comido. Lo malo es que lleva el camino de destruir 40 años de gestión municipal. Cuando se gobierna es imposible empezar de cero y Colau se debió dar cuenta muy pronto, de ahí su pacto con el PSC. Un pacto roto poco después debido a la ingesta del mismo principio activo del independentismo: la denuncia del “Estado opresor”.

La alcaldesa no soportó la aplicación del 155, que apoyaron los socialistas, ni los encarcelamientos por el procés. Por eso lució lazo amarillo en la ofrenda floral ante el monumento a Rafael Casanova en la Diada. ¿Cómo tapar la incapacidad de realizar políticas muy de izquierdas? Pues sumándose al lío secesionista. De vivienda social, inseguridad ciudadana --¡hola! los robos violentos se han disparado en Ciutat Vella-- y dinamismo económico ya hablaremos en el próximo mandato municipal. ¿Con Colau al frente? Cuidado porque obviar determinados asuntos relacionados con la delincuencia puede dar alas a otros discursos, digamos, más extremistas.

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¿Quién es... María Jesús Cañizares?
María Jesús Cañizares

Periodista. Es subdirectora de Política de Crónica Global. Es licenciada en Ciencias de la Información por la UAB y ha cursado estudios de Derecho. A lo largo de su carrera se ha especializado en información política y del ámbito judicial.