El último paquete de propuestas consensuado en el Pacto de Toledo incluye un acuerdo en torno a los autónomos para que coticen a la Seguridad Social de acuerdo con sus ingresos, y no en función de unas bases estrictas y fijas marcadas por la Administración. Se trata de que los nuevos trabajadores por cuenta propia puedan elegir la cotización según sus previsiones, pero que luego puedan modificarla. De esa manera, se podría dar el caso de que recuperasen parte de lo cotizado si su actividad empeora.
De los 2,2 millones de autónomos que en 2018 manifestaron haber obtenido rendimientos económicos, más de la mitad declararon ingresos por debajo del SMI, que era de 736 euros al mes. Esas rentas tan bajas dibujan un panorama desolador, pero a la vez --hay que decirlo-- casan mal con la realidad de la calle, con el parque de automóviles caros, con las segundas residencias o la afluencia a los restaurantes, un nivel de vida en el que los autónomos y los pequeños empresarios tienen tanto protagonismo o más que los trabajadores y los profesionales.
La relación entre la Administración y los autónomos es muy complicada, y está presidida por la desconfianza mutua. El hecho de que la base máxima de cotización sea más baja a los 50 años que a los 40 pone de manifiesto ese recelo de la Seguridad Social, que pretende evitar la picaresca de aumentar la cuota en los últimos años, cuando más pondera para el cálculo de la pensión.
Si en 1985 los 1,9 millones de autónomos del país representaban el 18% del total de la afiliación a la Seguridad Social, en estos momentos los 3,26 millones de cotizantes suponen el 17%. Contrariamente a lo que tendría que haber supuesto el cambio del modelo productivo, el número de trabajadores por cuenta propia aún no ha despegado. Sin embargo, su peso en el sistema público de pensiones sí ha crecido: los 1.971.226 jubilados exautónomos de agosto pasado equivalen al 20% del total.
Esa proporción no constituye en sí un problema, puede que responda simplemente a que quien trabaja por su cuenta tiende a ser más longevo que los que tienen que soportar a los jefes. Lo preocupante de verdad son sus pagas. La media de agosto de 2019 era de 752,30 euros, el 40% menos que la media de los retirados del régimen general (1.285,32 euros). La diferencia es una barbaridad insostenible que aumenta sensiblemente cuando se convierten en pensiones de viudedad.
Urge poner orden en un asunto que amenaza con transformarse en un problema social grave. Y habría que hacerlo dejando al margen el postureo electoralista, enfocándolo con seriedad y rigor. La Administración no puede repetir ridículos como el del Govern con las ayudas a los autónomos, por supuesto, pero la primera condición que debería haber puesto para concederlas es que el aspirante estuviera al día con Hacienda y con la Seguridad Social; como hacen nuestros vecinos, incluso los italianos.
La Agencia Tributaria prepara una herramienta que permitirá ofrecer a los autonómos algo parecido al borrador de la renta que entrega cada año al resto de los contribuyentes, y para ello necesitará acceder a los libros de aquellos que tributan por estimación directa. O sea, un paso más en busca de la transparencia. Algo parece que se mueve en este país nuestro, tan dado a hacer la vista gorda cuando hacer lo correcto equivale a pisar algunos callos.
