El Gobierno español que preside Mariano Rajoy ha realizado en los últimos meses una distinción curiosa, que puede derivar, realmente, en un problema que divida de forma definitiva a la sociedad catalana. Asegura que, frente a los independentistas, el Gobierno está con “los catalanes”. Ello lleva a pensar que los independentistas son ciudadanos diferentes, ajenos a la condición de catalanes, un colectivo que ya no se podría, de ningún modo, acomodar a una nueva situación que no pasara por la independencia. Y ese ha sido el error del Gobierno en todos estos años.

Con una participación cercana al 80% --es difícil que en próximas consultas electorales ese porcentaje se repita o se supere--, existe un bloque de catalanes, que supera por muy poco los dos millones, que apuestan por opciones independentistas. ¿Lo son ocurra lo que ocurra, aunque se pudiera llegar a una situación distinta a la actual? Es cierto que el independentismo, como una opción estructural, ha crecido, pero el conjunto de catalanes --todos-- aspira a recomponer las cosas, a avanzar en el autogobierno y tratar de pasar página a un bloqueo institucional y político que ya no lleva a ninguna parte.

El conjunto de la sociedad catalana quiere pasar página al actual bloqueo institucional

Todo esto pasa por la asunción del principio de realidad de Carles Puigdemont y de todo su núcleo duro, entre ellos agitadores como el historiador Agustí Colomines, o el propio director de TV3, Vicent Sanchis, que siguen agitando la bandera de un supuesto Estado represor y franquista.

Pero también pasa por el Gobierno español, para que no distinga entre independentistas y catalanes, para que ofrezca algún plan de futuro para Cataluña y el conjunto de España. Nadie en el PP ha sido capaz de enarbolar una propuesta, aunque fuera tan conservadora en estos momentos --a ojos de muchos soberanistas-- como retomar, a partir de la reforma de leyes orgánicas, el Estatut aprobado en 2006. Sería discutible esa idea, pero es que ni se ha planteado.

Debería ser posible ofrecer en la política española un acuerdo con dos millones de catalanes, que persisten y que reclaman, de forma principal, un cambio en el orden jurídico-político. Y ello no supone sacrificar a los otros dos millones que han votado opciones contrarias al independentismo. La opción de seguir los pasos que den los jueces, ahora dejando en prisión a Oriol Junqueras --¿realmente es necesario, teniendo en cuenta que son medidas cautelares?-- no es realmente una opción por parte del Gobierno. La apuesta de otro partido como Ciudadanos en Cataluña de criticar de forma constante a los independentistas --llevan razón-- no es suficiente. Falta algo más, un cuerpo doctrinal sobre qué se quiere hacer, sobre cómo llegar a acuerdos con la otra mitad de catalanes.

Hay trabajos serios y elaborados sobre una reforma constitucional, ¿a qué esperan?

Se pueden convocar más elecciones, pensar que esa mitad está equivocada --y sí, hay elementos que indican que pueden tener percepciones que no se ajustan a la realidad-- pero sin propuestas políticas de calado, el problema seguirá ahí, y los perjuicios serán para todos, también para la sociedad española.

Hay trabajos muy serios sobre la reforma de la Constitución, propuestas elaboradas sobre un mejor funcionamiento de todo el Estado. ¿A qué esperan? En 2018 se cumplirán 40 años de la Constitución. ¿Quién asume las necesarias responsabilidades? ¿Y cuándo el PP dejará de actuar a la defensiva, siempre pendiente de los otros?

Feliz año 2018.